FEM Media/ Gabriela Mendoza
El recorte presupuestario aplicado a la Defensoría del Pueblo ha comenzado a golpear de manera directa su capacidad operativa. La reducción de recursos obligó al cierre definitivo de la oficina en Bermejo y al retiro de 44 funcionarios a nivel nacional, mientras la institución evalúa la clausura de otras sedes regionales debido a la insostenible situación financiera.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, detalló que la entidad sufrió una disminución del 30% en los fondos destinados exclusivamente a cubrir salarios. A pesar de este panorama adverso —que incluye el funcionamiento bajo mínimos de la oficina en Villa Tunari pese a las restricciones—, Callisaya garantizó que la Defensoría mantendrá sus labores esenciales de vigilancia en el ejercicio de derechos, monitoreo, alerta temprana y el procesamiento de denuncias ante instancias nacionales e internacionales.
Alarma ante la escalada de violencia y el sicariato
En otro orden de cosas, el Defensor expresó su profunda preocupación por la ola de violencia que sacude a distintas regiones del país y advirtió con firmeza que el sicariato no puede ni debe naturalizarse en la sociedad boliviana.
Ante este escenario delictivo, Callisaya exigió a la Policía Boliviana —como principal institución garante de la seguridad ciudadana— desplegar toda su capacidad operativa y estratégica para frenar el crimen organizado y desarticular estas nuevas formas de violencia que amenazan la paz pública.
