Redacción Central / Brisa Mariaca Velasco
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ratificó su estado de emergencia a nivel nacional tras la promulgación del Decreto Supremo 5727, que establece como una prioridad del Ejecutivo la evaluación de empresas públicas y contempla procesos de reorganización, disolución o liquidación, a partir de un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). El sector minero expresó su preocupación ante la posibilidad de que estas determinaciones afecten a empresas consideradas estratégicas y generen consecuencias sobre las fuentes laborales.
El secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, cuestionó que el Gobierno haya mencionado alrededor de una veintena de empresas sin precisar cuáles serán las determinaciones que se asumirán en cada caso. El dirigente también relacionó este escenario con los compromisos asumidos por el Estado frente al Fondo Monetario Internacional y planteó dudas sobre un eventual ingreso de inversionistas privados en empresas públicas. Para el sector, cualquier decisión sobre el patrimonio estatal debe ser informada y debatida antes de definir el futuro de estas entidades.
Paye aseguró que los trabajadores mineros mantendrán una posición de defensa de las empresas públicas y de la estabilidad laboral. Señaló que la declaratoria de emergencia fue asumida días atrás y que el sector se encuentra coordinando acciones ante cualquier determinación que pueda afectar sus fuentes de empleo. La dirigencia minera sostuvo que permanecerá atenta al cumplimiento del decreto y advirtió que no permitirá decisiones que, desde su perspectiva, comprometan el patrimonio del Estado y los derechos de los trabajadores.
