Redacción Central
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, se pronunció este lunes sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otras exautoridades, fiscales, jueces y magistrados en una lista de personas vetadas para ingresar a territorio estadounidense bajo señalamientos de corrupción y protección al narcotráfico. Ante esta medida, la autoridad instó a que el país actúe bajo su propio ordenamiento jurídico y no en función de determinaciones extranjeras.
«No podemos condenar ni apartar a una autoridad boliviana simplemente porque un gobierno extranjero la incluye en una lista. Una lista no es una sentencia y una acusación no sustituye a las pruebas”, expresó Lara a través de sus redes sociales.
Defensa del debido proceso y críticas al doble rasero
El vicepresidente aclaró que la postura institucional no busca proteger a personas particulares, sino precautelar el respeto a las garantías constitucionales:
«Si existen elementos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, estas deben ser presentaciones e investigadas conforme a la ley. No defendemos personas; defendemos el debido proceso y la institucionalidad”, puntualizó.
Asimismo, Lara cuestionó lo que calificó como un doble estándar o silencio frente a otros casos de alto perfil que sacuden al país, vinculando el debate con las recientes investigaciones que salpican al exasesor presidencial Fernando Cerimedo, quien actualmente se encuentra detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro.
«Que se investiga a todos, sin privilegios ni excepciones, pero con pruebas y respetando el debido proceso. Bolivia debe actuar conforme a su Constitución y sus leyes, no en función de listas extranjeras», remarcó con firmeza.
El contexto de las sanciones de EE.UU. UU.
La reacción del vicepresidente se produce luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos se haga pública este lunes una nueva lista de restricciones de visado. La medida no solo alcanza al titular del Ministerio Público boliviano, sino que también afecta a un exministro de Estado de la administración de Luis Arce, así como a diversos administradores de justicia, fiscales de materia, magistrados y un exejecutivo de la Aduana Nacional, en el marco de una política de presión contra la presunta corrupción y la impunidad en la región.
