FEM Media/ July Rojas
Tras la reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de revocar visas a exfuncionarios y autoridades bolivianas —incluyendo al Fiscal General Roger Mariaca—, el abogado y exembajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, instó al Órgano Ejecutivo a solicitar cooperación internacional para indagar las denuncias y replantear de manera urgente la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Aparicio en entrevista con Punto Digital, calificó la medida estadounidense como una «reflexión muy profunda para Bolivia de por qué no se han iniciado los cambios en la justicia y por qué pervive esa participación mafiosa del narcoterrorismo en la justicia boliviana». Asimismo, advirtió que la determinación envía una clara señal al Estado sobre su obligación de «desmontar esta estructura».
Acciones exigidas al Gobierno
Para el diplomático, la respuesta gubernamental no debe limitarse al plano discursivo, sino traducirse en medidas estructurales concretas. Aparicio recomendó «solicitar la cooperación de Estados Unidos para reunir evidencias sobre estas acusaciones; evidencias jurídicas, pero también evidencias de otro tipo», a fin de evaluar si existen elementos para abrir investigaciones en el país.
Sostuvo que el Ejecutivo «tiene que hacer un pacto nacional para la reforma de la justicia» y «dejar de nombrar gente en cargos como es el caso de la Aduana o de la FELCN que no tengan los mejores antecedentes».
El peso político de la medida
Si bien el exembajador recordó que la anulación de visas es una prerrogativa discrecional y soberana de Estados Unidos que no exige justificación formal, remarcó que las características del comunicado oficial la diferencian de otros antecedentes:
»El impacto político es muy grande porque además en este documento del Departamento de Estado, a diferencia de muchos otros casos de suspensión de visas, sí se dice que habría habido protección y sobornos, y eso no es tan usual».
Finalmente, advirtió que esta sanción opera como un fuerte «efecto disuasivo hacia todas las personas que de alguna manera estén involucradas en las esferas del poder, del sector privado, para que sepan lo que sucede con aquellos que son cómplices o protegen al narcotráfico».
