Redacción Central
La confesión del mayor de la Policía Rubén Aparicio desató un inédito efecto dominó que derrumbó la cúpula judicial y policial de Bolivia. A partir de su detención en La Paz, las investigaciones por el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset destaparon una red de protección institucional, provocando la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y de otras altas autoridades judiciales en un megaoperativo ejecutado en tres departamentos del país.
Paso a paso: la cronología del operativo
1. El detonante en La Paz: la caída del mayor de la Policía Aparicio
Las actuaciones policiales —respaldadas por informes financieros e investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas— se pusieron en marcha el miércoles 30 de septiembre. Ese día, la Policía ejecutó la aprehensión del mayor de la Policía Rubén Aparicio Villarroel en la ciudad de La Paz.
El oficial, señalado como un nexo operativo dentro de la estructura, se convirtió en la piedra angular de la investigación:
«Se procedió, en la ciudad de La Paz, a la aprehensión del alcalde Rubén Aparicio Villarroel, quien proporcionó información clave que vincula de manera directa la participación de altas autoridades del Ministerio Público en hechos delictivos”, explicó el comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez.
2. El efecto dominó en Santa Cruz: caída de máximas autoridades fiscales
Con la información proporcionada por el alcalde Aparicio y los cruces de llamadas e indicios financieros, el operativo escaló rápidamente hacia el departamento de Santa Cruz.
Basándose en los datos obtenidos del jefe policial, las fuerzas del orden procedieron a la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Rider Mariaca Montenegro, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores. Las pesquisas apuntan a que ambos formaban parte de un esquema de blanqueo y protección judicial al narcotráfico.
3. Alerta roja y traslado de emergencia a La Paz
Tras retener temporalmente a los fiscales en Santa Cruz, los informes de inteligencia advirtieron sobre una nueva amenaza: grupos de choque y células delincuenciales se movilizaban de urgencia hacia el aeropuerto internacional Viru Viru con la misión de interceptar a la comitiva y evitar la aprehensión.
Ante este riesgo inminente, el comando policial ordenó el traslado inmediato de los detenidos a La Paz:
«Se toma la determinación de su traslado al departamento de La Paz por razones estrictamente de seguridad física y procesal”, ratificó el comandante Álvarez en rueda de prensa.
4. Ramificaciones simultáneas en Sucre y Santa Cruz
La confesión del mayor de la Policía Aparicio y la subsecuente caída de la cúpula fiscal provocaron movimientos de reacción desesperados en otros puntos del país que la Policía logró neutralizar de forma paralela:
En Sucre (Fiscalía General del Estado): Con base en el avance de las pesquisas, la Policía aprehendió al fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores. El funcionario fue sorprendido en instalaciones de la Fiscalía General intentando sustraer documentación confidencial que vinculaba a la red investigada, por lo que fue trasladado de inmediato a La Paz.
En Santa Cruz (Operativo de borrado de evidencias): Detectives policiales descubrieron que dos especialistas en sistemas de videovigilancia e informática ingresaron de forma clandestina al domicilio del fiscal Zeballos Flores con un objetivo claro: desinstalar y retirar grabadores de video digital (DVR) y cámaras de seguridad para eliminar rastros de la organización. Ambos técnicos también fueron arrestados.
5. Contexto: El impacto del caso Marset en la institucionalidad
Este golpe coordinado representa uno de los puntos de inflexión más graves en torno al caso del prófugo uruguayo Sebastián Marset —quien burló un operativo de captura en julio de 2023 en Santa Cruz. La confesión inicial del mayor de la Policía Rubén Aparicio no solo fracturó el silencio en torno al esquema de impunidad, sino que confirmó que redes de corrupción incrustadas en el corazón del Ministerio Público y la Policía operaban como el principal escudo protector del narcotráfico transnacional en el país.
