Redacción Central
Tras cumplirse un mes de la intervención a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Gobierno nacional informó la aprehensión en flagrancia de 31 personas y la incautación de 24 vehículos implicados en el tráfico y comercialización ilegal de carburantes.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, explicó que las acciones operativas y jurídicas alcanzaron a personas sorprendidas cometiendo ilícitos en flagrancia, así como a estaciones de servicio involucradas en estas irregularidades.
“Se han producido 31 aprehensiones (…) por haber sido sorprendidas cometiendo ilícitos que pueden ir desde el almacenamiento y comercialización ilegal, la compra ilegal, es decir, la adquisición no autorizada, y otros ilícitos que están tipificados en el Código Penal”, detalló García durante la conferencia brindada junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.
El viceministro remarcó que los procesos legales no se limitarán a los usuarios que realizan carguíos irregulares, sino que afectarán directamente a los surtidores identificados como cómplices. Las sanciones administrativas contemplan suspensiones de 10 días ante una primera infracción y el cierre definitivo en caso de reincidencia.
Asimismo, las autoridades formalizaron denuncias ante el Ministerio Público en Trinidad y Potosí, luego de detectar esquemas de desvío irregular de combustibles en ambas regiones.
