Redacción Central /Brisa Mariaca Velasco
El Gobierno nacional puso en vigencia las medidas previstas en la Ley 1680 para brindar protección social a niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad a causa de feminicidios y otros delitos contra la vida contemplados por la norma. El decreto supremo reglamentario establece los mecanismos para acceder a estos beneficios.
Entre las principales medidas se encuentra un bono económico mensual equivalente al 20% del Salario Mínimo Nacional vigente. Además, los menores de cinco años podrán recibir un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia. El reglamento también contempla atención en salud, inscripción inmediata al sistema educativo y traspaso escolar cuando sea necesario cambiar de domicilio.
La normativa incorpora además prioridad para la consideración de becas universitarias e incluye medidas destinadas a proteger los bienes sucesorios de las víctimas. En determinados casos de feminicidio, cuando el presunto autor sea el cónyuge o conviviente y existan hijos menores de edad, se establece su custodia inmediata por abuelos u otros familiares cercanos por línea materna, conforme a la legislación vigente.
Desde el Gobierno señalaron que la disposición busca que la protección a los menores no dependa únicamente de la conclusión de un proceso penal. “La reparación no termina con una sentencia. También significa proteger a los hijos de las víctimas”, afirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez.
