Redacción Central
Al concluir la audiencia de medidas cautelares, el abogado Jhon Rioja, defensor del dirigente campesino Nelson Virreira, informó que la autoridad jurisdiccional determinó seis meses de detención preventiva en un proceso que, según denunció la defensa, estuvo marcado por presiones políticas y severas vulneraciones al debido proceso.
El jurista calificó la resolución judicial de injusta y anunció que apelará la decisión con la convicción de que será revocada en una instancia superior.
Cuestionamientos al proceso y vulneraciones denunciadas
Durante declaraciones brindadas a los medios de comunicación, Rioja expuso una serie de irregularidades jurídicas cometidas por el juez a cargo del caso:
El abogado señaló que el juez incorporó en su resolución elementos probatorios que no figuraban en la imputación formal inicial, vulnerando las garantías constitucionales del investigado.
Denunció que se utilizó la declaración del propio procesado de manera indebida para intentar autoincriminarlo.
La defensa lamentó que el juzgador no haya valorado la documentación que acredita la profesión de sociólogo de Virreira.
Vulneración del principio de presunción de inocencia: Rioja indicó que, a pesar de existir dudas respecto al domicilio del implicado, estas fueron utilizadas en su contra, apartándose del principio universal in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo).
Sobre el supuesto riesgo de fuga
Respecto al argumento del juez sobre el peligro de fuga basado en viajes al exterior y a otros departamentos, la defensa aclaró que Virreira cuenta con su pasaporte depositado de manera voluntaria ante el sistema judicial y que su flujo migratorio data de hace seis años (2020), además de contar con resoluciones inquisitivas previas cargadas de suposiciones forzadas debido al trasfondo político del tema. Asimismo, rechazó el riesgo procesal de obstaculización, argumentando que el juez fundamentó dicho peligro utilizando pruebas que tampoco constaban en la imputación.
Finalmente, el equipo legal reiteró que agotará los recursos correspondientes para revertir la medida privativa de libertad impuesta contra el dirigente campesino.
