Redacción Central
El Gobierno boliviano aprobó este miércoles un decreto supremo para reglamentar la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida, vigente desde noviembre de 2025. La norma garantiza la entrega de un bono económico mensual equivalente al 20 % del salario mínimo nacional para niños, niñas y adolescentes desprotegidos tras hechos de extrema violencia machista. Asimismo, la reglamentación asegura el acceso prioritario al sistema de salud y la inscripción inmediata dentro de la cobertura educativa.
Con la fijación del salario mínimo nacional en 3.300 bolivianos (275 dólares), el beneficio mensual económico ascenderá a 660 bolivianos (55 dólares) por cada menor de edad registrado. De igual forma, los beneficiarios menores de 5 años recibirán un paquete alimentario equivalente al 20 % del subsidio de lactancia del sistema de asignaciones familiares. Para la implementación administrativa y el seguimiento tecnológico, el Estado habilitará un registro oficial que estará bajo la gestión del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA).
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, enfatizó la urgencia de garantizar protección social pública e integral frente a las secuelas dejadas por la violencia intrafamiliar en la infancia boliviana. «Hay un flagelo que tenemos en Bolivia y tiene que ver con el feminicidio, con la violencia intrafamiliar por las razones que sean y lamentablemente los que más sufren en todo esto son los hijos y quedan desprotegidos», manifestó el portavoz gubernamental durante la presentación oficial de los alcances de la reglamentación promulgada.
El cuadro de beneficios contempla también el traspaso escolar inmediato ante eventuales cambios de residencia de los tutores, acompañamiento psicosocial, además del acceso prioritario a becas en unidades educativas privadas, institutos y universidades. Según proyecciones del Ministerio de la Presidencia, se prevé la atención de cerca de 961 menores de edad en situación de orfandad por feminicidio en todo el país. Por su parte, datos del Ministerio Público revelan que entre el 1 de enero y el 6 de octubre de este año se registraron 66 feminicidios a nivel nacional.
La legislación boliviana tipificó el feminicidio en 2013 mediante la Ley 348 (Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), la cual establece una sanción de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Organizaciones y colectivos feministas señalan de manera constante que existen deficiencias presupuestarias e institucionales para el cumplimiento idóneo de esta normativa, al tiempo que advierten sobre campañas de desprestigio e intentos de desinformación que buscan restar vigencia al marco legal de protección hacia las mujeres en el país.
