Agencias / Heidy Almaraz
A 40 días de un conmovedor e indignante hecho que consternó a toda Colombia, los familiares de Blanca Emeria Pardo Rosero, de 72 años, mantienen una firme exigencia pública de justicia y celeridad ante las autoridades. Doña Blanca desapareció el pasado sábado 29 de agosto en la vereda Plazuelas, municipio de San Bernardo, y fue localizada por una de sus hijas en el potrero de una finca rural, donde yacía desorientada, expuesta al frío y con graves señales de violencia física y presunta agresión sexual.
Tras el hallazgo en el terreno rural, la adulta mayor fue trasladada de urgencia a un centro médico inicial en San Bernardo y posteriormente remitida al Hospital San Pedro de Pasto, donde falleció la noche del domingo 30 de agosto de 2026. A más de un mes de la tragedia, la conmoción nacional se ha intensificado ante el clamor de sus allegados y el reclamo ciudadano que exige una investigación transparente y respuestas concretas para dar con el paradero de los responsables.
El aberrante caso quedó formalmente asentado en un reporte de la Policía de Nariño emitido el 31 de agosto, en el cual el centro médico confirmó el fallecimiento de la víctima y la presencia de posibles signos de violencia sexual. Las indagaciones pasaron de inmediato a manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad encomendada a ejecutar las pesquisas correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos y establecer la identidad de quiénes perpetraron el ataque.
La indignación provocó el rechazo institucional del Gobierno nacional. A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Justicia y del Derecho condenó categóricamente la agresión contra Pardo Rosero. El ministro de Justicia, Iván Cancino González, expresó su solidaridad con la familia doliente y demandó a los organismos competentes actuar con máxima celeridad y rigor para evitar que la impunidad rodee este trágico acontecimiento.
Desde la cartera de Estado recordaron la obligación de actuar con firmeza frente a las agresiones machistas, enfatizando que «la violencia contra las mujeres no tiene justificación. La justicia debe actuar con firmeza, porque ninguna víctima puede quedar en el olvido y ningún crimen debe quedar impune». Para reportar situaciones de riesgo o violencia, en Colombia permanecen habilitadas la línea nacional 155, la línea de emergencias 123 y las vías directas de atención de la Fiscalía General de la Nación.
