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Denuncian a policías por incautar camioneta que terminó en poder de Róger Mariaca

El hijo de la propietaria del vehículo secuestrado por la Policía y que estaba en poder de Roger Mariaca.
El hijo de la propietaria del vehículo secuestrado por la Policía y que estaba en poder de Roger Mariaca.

Redacción Central

Familiares de la propietaria de un vehículo incautado por la Policía hace algunos meses presentaron una denuncia formal contra el exfiscal Roger Mariaca y otros funcionarios por los delitos de secuestro ilegal de vehículo, extorsión e irregularidades procesales.

​​Según el testimonio del hijo de la afectada (médica de profesión), el hecho ocurrió el pasado 17 de junio cuando efectivos policiales interceptaron a su madre afuera de un supermercado. Tras trasladarla a dependencias de la FELCC, procedieron al secuestro de su camioneta Toyota Prado argumentando que la placa figuraba en un apunte hallado durante un allanamiento ajeno, en el marco de una causa por tenencia ilegal de armas con la que ni la propietaria ni su familia tenían vínculo alguno.

​El denunciante afirmó que, tras cuatro meses de la incautación, la familia ha sido víctima de extorsiones y exigencias económicas que oscilaban entre los 10.000 y 30.000 dólares a cambio de la devolución del motorizado. «Temo por mi vida y la de mi familia por salir a denunciar esto públicamente. No estamos pidiendo ningún favor ni privilegio, solo exigimos que se nos restituya un vehículo que fue comprado con el trabajo de toda la vida de mi madre», manifestó.

Señaló que se sorprendieron al ver el vehículo de su madre durante el allanamiento en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre, en su interior encontraron armas y municiones.

​Un supuesto «robo institucionalizado»

​Por su parte, el abogado defensor Martín Camacho califica el procedimiento de «robo institucionalizado», señalando que el vehículo fue presuntamente desviado para el uso de altos funcionarios del Ministerio Público y hallado posteriormente en la ciudad de Sucre.

​La querella presentada ante el Fiscalía General y la Fiscalía Departamental busca que se identifique a los fiscales, mandos policiales y posibles intermediarios involucrados en las extorsiones y la apropiación indebida de la propiedad.

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