
FEM Media / Gabriela Mendoza Quiroga
El gabinete de la Gobernación denunció un presunto plan de desestabilización contra la gestión del gobernador Leonardo Loza y señaló al Gobierno nacional, al alcalde Manfred Reyes Villa y a algunos asambleístas departamentales como parte de las acciones que, según su versión, buscan debilitar la administración. El asesor general, Santos Mamani Espinoza, afirmó que existiría una intención política de asfixiar económicamente a la institución y desgastar a la primera autoridad.
Mamani cuestionó las modificaciones a las normativas departamentales relacionadas con el presupuesto y la fiscalización, al considerar que algunos asambleístas pretenderían incorporar mecanismos para interpelar al gobernador y posteriormente censurarlo. Aseguró que estas iniciativas no responderían a un interés institucional, sino a una intención política de perjudicar la gestión de Loza.
«¿Cuál es la finalidad? La finalidad es política, desgastarlo, asfixiarlo a nuestro hermano gobernador», manifestó el funcionario, quien calificó de inconstitucionales las modificaciones y sostuvo que afectarían los derechos políticos de una autoridad elegida democráticamente por la población cochabambina.
Ante este escenario, anunció que los funcionarios realizarán un plantón en respaldo a Loza y que acudirán a las instancias correspondientes para defender la institucionalidad departamental. También aseguró que la gestión cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, sectores indígenas, campesinos, obreros, juventudes y otras organizaciones de Cochabamba.
En el ámbito jurídico, el director jurídico de la Gobernación, Nelson Cox, denunció una presunta utilización política del sistema judicial y cuestionó el diagrama presentado por el Ministerio de Gobierno, señalando que vulneraría la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales. Exhortó al Ministerio Público a garantizar la legalidad, la objetividad y el debido proceso; además, pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales de derechos humanos para observar las actuaciones de las instituciones judiciales.

















