
Redacción Central
Tras conocerse que Nadia Beller, expareja del estratega político y exasesor Fernando Cerimedo, solicitó asilo político en la Embajada de México, Ernesto Giraldes abogado de Cerimedo cuestionó las motivaciones detrás de esta acción, vinculando el caso a una presunta estructura de extorsión y corrupción.
Fernando Cerimedo actualmente cumple detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, tras ser denunciado por el presunto delito de tentativa de feminicidio en contra de Beller.
Cuestionamientos de la defensa y supuestos nexos
En declaraciones a los medios, el abogado defensor de Cerimedo se refirió a los supuestos vínculos y relaciones de poder que rodearían a los involucrados, mencionando de manera directa al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, y Romer Saucedo. Según la defensa, desde hace un mes se solicitó formalmente la intervención y el desetiquetado de llamadas de geoprocesamiento para demostrar una presunta comunicación fluida previa entre los actores señalados.
«Ya hemos solicitado que hagamos un mes la intervención y las llamadas geoprocedenciales para efectos de demostrar que Nadia [Beller] y otras personas tenían una comunicación fluida» , señaló el representante legal durante su intervención.
Anuncio de denuncias y «organización criminal»
El jurista adelantado que en los próximos días saldrán a la luz nuevos elementos y testimonios de personas que habrían permanecido bajo detención preventiva y que, por temor a represalias contra sus familias, no se habían atrevido a declarar.
Asimismo, la defensa calificó el caso no solo como hechos aislados de corrupción, sino como parte de una presunta organización criminal con tentáculos a nivel nacional:
«Estamos hablando de una organización criminal, no estamos hablando de actos de corrupción que es muy diferente… Todo eso se va a demostrar, y falta que llegue a todas las personas que estaban involucradas y de todo el país» , advirtió el abogado, asegurando que las futuras denuncias estarán respaldadas con pruebas documentales.
El proceso legal principal por tentativa de feminicidio continúa su curso en la Sede de Gobierno bajo estrictas medidas de seguridad en Chonchocoro, mientras las repercusiones políticas y jurídicas escalan a raíz del pedido de asilo diplomático de Beller.

















