
FEM Media /Heidy Almaraz
El precio y la comercialización del pan de batalla en Cochabamba mantienen un escenario de tensión entre las autoridades municipales y el sector panificador. Mientras la Intendencia ha decidido intensificar las labores de control e inspección en los centros de abasto para evitar incrementos no autorizados, los productores sostienen que los costos actuales de los insumos y la falta de incentivos estatales vuelven insostenible la tarifa vigente.
Al respecto, el intendente municipal, Enrique Navia, dejó en claro la posición oficial del municipio: «Del pan de batalla, el pan de batalla se va a mantener 80 centavos. Se les ha solicitado un cuarto intermedio de dos semanas para hacer los estudios respectivos y ellos nos han entregado su estudio de costos». Navia enfatizó que la institución no permitirá cobros arbitrarios y añadió: «nosotros podemos regular el agio y la especulación y también controlar los sitios municipales en el cual se venden productos y artículos de primera necesidad».
En contraste, el ejecutivo de la Federación Departamental de Panificadores de Cochabamba, José Mamani, defendió el reajuste aplicado por sus bases argumentando que «actualmente, el pan que el sector federado está dando, a 0.85 centavos a la tiendita de barrio. Y la tiendita vende al consumidor, una ama de casa a un boliviano». Mamani justificó la medida al señalar la interrupción del respaldo estatal: «Desde la gestión 2025, lo que es septiembre, no existe más la subvención. No existe más y tampoco el sector federado quiere más subvención».
La Intendencia Municipal reiteró que cualquier variación en la tarifa debe contar con el aval técnico de la comuna, advirtiendo que «nadie puede decir de que un producto se va a vender a un precio sin un estudio de costos, además revisado y autorizado». Para contrarrestar la situación, la autoridad indicó que coordinará con el sector independiente para garantizar la oferta del producto a precios reducidos en los mercados municipales.
Por su parte, los panificadores insistieron en que el encarecimiento de la materia prima y los combustibles incide directamente en la producción, remarcando que «en tanto suba el dólar, en la misma proporción también va a subir la harina». Ambas partes acordaron un periodo de evaluación de dos semanas para revisar la hoja de costos, lapso durante el cual los operativos de control continuarán vigentes en los puntos de venta.

















