
Redacción Central
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito local, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) escaló su reclamo hasta la máxima instancia judicial de la Iglesia católica, solicitando la intervención directa del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica del Vaticano. La acción legal busca frenar la denegación de justicia atribuida a la Arquidiócesis de Cochabamba, apuntando directamente contra la nota firmada el 4 de noviembre por el vicario general, Luis Antonio Alcocer, y contra la pasividad del arzobispo Oscar Omar Aparicio Céspedes frente al mandato del canon 1717 sobre investigaciones previas.
El trasfondo del recurso radica en la querella canónica interpuesta el 28 de octubre de 2026 contra los jesuitas Marcos Recolons de Arquer y Ramón Alaix Busquets, acusados de encubrimiento de pederastia, absolución del cómplice y abuso de autoridad eclesiástica. Pese a que los denunciantes adjuntaron pruebas documentales y una sentencia penal, la oficina diocesana evitó abrir un expediente, alegó falta de jurisdicción, condicionó su actuación al avance de los tribunales ordinarios y derivó el caso sin trámite previo hacia la Compañía de Jesús y la Santa Sede.
La reacción desde la representación de los afectados cuestiona el doble rasero institucional con el que se administran las normas internas de la Iglesia frente a las víctimas. “Muchas veces se escudan en su legislación canónica, y cuando nosotros apelamos a sus propias leyes, nos bloquean el acceso a la justicia canónica”, protestó Wilder Flores, presidente de la CBS, al ser consultado sobre el tema.
Para la defensa de los sobrevivientes, el error jurídico de la jerarquía cochabambina consiste en confundir la facultad de dictar sanciones con la obligación básica de indagar los hechos, una omisión que perpetúa la impunidad y deja el caso en el aire. Aunque los querellados integran una congregación religiosa, la naturaleza de los delitos los coloca bajo la órbita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, órgano al que la diócesis debía remitir las averiguaciones iniciales, más aún cuando el papa León XIV ya recibió en junio pasado carpetas con más de 800 testimonios y datos precisos sobre el caso Pedrajas.
En su petitorio final, la organización exige que el tribunal vaticano anule la declaratoria de incompetencia, asuma directamente la resolución del expediente o, en su defecto, obligue a la Arquidiócesis a designar un instructor y un notario para ejecutar diligencias urgentes. Estas medidas incluyen revisar la sentencia civil N° 66/2025, recoger testimonios, acceder al sumario interno de los jesuitas y establecer mecanismos de vigilancia para impedir que las autoridades locales vuelvan a congelar el proceso.

















