
FemMedia / Redacción Central
En su primer año de gestión, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, indicó que luego de 21 años de subvención al precio del diésel, el Gobierno tomó la difícil decisión de suspenderla para que el precio del combustible se fije según las fluctuaciones del mercado internacional. Sin duda, esta decisión es un hito histórico de la administración de los hidrocarburos en Bolivia y un logro clave en este primer año de gestión.
“Tomamos decisiones difíciles, algunas fueron impopulares, pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y de sacrificar nuestro futuro”, afirmó el presidente Rodrigo Paz, al suspender el subsidio al diésel con el Decreto Supremo 5716, promulgado el 18 de septiembre de 2026.
El primer mandatario explicó que la economía del Estado ya no podía sostener esta subvención, pues se sacrificaban recursos que podían destinarse a servicios de educación, salud y otras necesidades de la población, así como obras de infraestructura caminera, por ejemplo, señala el informe desde el Ministerio de Hidrocarburos.
Intervención
Junto a la suspensión de la subvención del diésel, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías ejecutó dos acciones igual de trascendentales, visibles y con resultados concretos: la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por 180 días, mediante los Decretos Supremos 5699 y 5697, y así dar fin con la corrupción enquistada en ambas instituciones, acción que fue de la mano y complementada con la lucha contra redes de contrabandistas de combustibles.
Esas mafias operaban desde la protección que les brindaron anteriores gestiones de gobierno y sobre todo la misma administración de YPFB. El combustible era contrabandeado sobre todo en zonas fronterizas con Perú y Brasil, países donde era vendido dado su bajo costo en el mercado boliviano, causando déficits a la economía del Estado y, a su vez, escasez en el país y largas filas de vehículos esperando en los surtidores, mientras los contrabandistas, incluso, se llevaban el producto en tanques “dobles”.
Al constatarse que varias medidas del Gobierno nacional para administrar la distribución de combustibles y garantizar a la población el acceso al diésel eran frenadas por estructuras internas de corrupción aliadas con contrabandistas, se dispuso esta intervención.
Esta lucha contra la corrupción ameritó iniciar auditorías en las instituciones del sector, remitir denuncias al Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia y a entes jurisdiccionales, además de reestructurar las empresas del área con apoyo de consultorías internacionales para mejorar su eficiencia. Se trata de un “sinceramiento de la economía de los hidrocarburos”.
A la par, se habilitó la importación privada de combustibles y la compra directa de petróleo crudo para reactivar las refinerías Gualberto Villarroel en Cochabamba y Guillermo Elder Bell en Santa Cruz, mediante los DS 5517 y 5644.

















