Slide
Cochabamba, BO
18/11/2026
weather image
30
°C

El Tunari no puede convertirse en territorio de impunidad minera

La protección del Parque Nacional Tunari constituye una de las principales responsabilidades ambientales de Cochabamba. Su importancia no se limita a su biodiversidad o belleza paisajística: cumple funciones esenciales para el equilibrio ecológico y la seguridad hídrica de la región. Por ello, las denuncias sobre actividades mineras irregulares en la cuenca de Misicuni no pueden tratarse como un conflicto sectorial más. Estamos ante un problema de legalidad, responsabilidad estatal y protección del patrimonio natural.

La situación adquiere mayor gravedad cuando las autoridades identifican indicios de explotación minera irregular, pero las labores de fiscalización encuentran obstáculos para ingresar a determinadas zonas. La reciente actuación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que anunció una denuncia penal por explotación irregular de oro y el inicio del procedimiento para dejar sin efecto el derecho minero de la concesión El Dorado, demuestra que existen actuaciones institucionales en curso. También se informó que esa área no habría pagado patentes desde 2014.

Sin embargo, una pregunta resulta inevitable: ¿cómo se permitió que una situación de esta naturaleza llegara a semejante dimensión sin una respuesta estatal suficientemente oportuna y coordinada?

La Constitución Política del Estado, en sus artículos 33 y 342, reconoce el derecho a un medio ambiente saludable y establece el deber de conservar, proteger y aprovechar sustentablemente los recursos naturales. A ello se suma la Ley N.º 1333 del Medio Ambiente, que establece el marco de protección ambiental y las responsabilidades derivadas de las actividades que generan impactos sobre el entorno.

Por su parte, la Ley N.º 535 de Minería y Metalurgia no otorga a los operadores mineros una autorización para actuar al margen de las obligaciones ambientales ni de los controles establecidos por el ordenamiento jurídico. La actividad minera debe desarrollarse dentro de los límites legales, respetando las competencias de las autoridades y las restricciones aplicables a las áreas protegidas.

Aquí es necesario distinguir entre el derecho a desarrollar una actividad económica y la facultad de hacerlo sin controles. Ningún derecho minero puede interpretarse como una autorización para desconocer la protección ambiental, obstaculizar inspecciones o poner en riesgo bienes colectivos.

El problema también revela una debilidad institucional. La AJAM, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, las autoridades ambientales, la Gobernación, los gobiernos municipales y el Ministerio Público tienen competencias diferentes, pero la protección del Tunari exige que esas atribuciones se ejerzan de manera coordinada. Investigar por separado puede producir actuaciones parciales; una respuesta efectiva requiere intercambio de información, inspecciones conjuntas y responsabilidades claramente delimitadas.

Tampoco basta con anunciar procesos administrativos o denuncias penales. La población necesita conocer qué operaciones fueron identificadas, qué derechos mineros se encuentran vigentes, qué obligaciones se incumplieron y qué medidas se adoptarán para evitar que las actividades irregulares continúen. La transparencia institucional es indispensable para recuperar la confianza pública.

La protección ambiental no puede activarse únicamente cuando el daño adquiere notoriedad mediática. Debe funcionar antes, mediante prevención, vigilancia y fiscalización permanente. Si existen indicios de explotación ilegal, corresponde investigar; si se identifican incumplimientos, deben aplicarse las consecuencias previstas por la ley; y si se comprueba daño ambiental, deben determinarse las responsabilidades y las medidas de reparación que correspondan.

Cochabamba no puede permitirse que uno de sus principales patrimonios naturales quede expuesto a la improvisación o a la ausencia de autoridad. El desarrollo económico es legítimo, pero no puede construirse sacrificando ecosistemas cuya protección beneficia a toda la población.

El Tunari no necesita más promesas de protección; necesita instituciones que hagan cumplir la ley. Porque cuando la autoridad llega tarde, el daño ambiental puede permanecer durante generaciones.

Nota de la redacción: Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente la línea editorial de FEM Media.

Últimas noticias