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En la clandestinidad: Los cinco personajes clave que la justicia busca para esclarecer los casos de corrupción y narcotráfico

Redacción Central

Una red de exautoridades, altos funcionarios y jefes policiales vinculados a casos emblemáticos de corrupción, narcotráfico y manipulación judicial se encuentra prófuga de la justicia. Mientras el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno soportan las de búsqueda a nivel nacional e internacional, cinco figuras centrales de la administración pasada y del aparato estatal figuran oficialmente en la clandestinidad con mandamientos de aprehensión, órdenes de captura internacional y procesos abiertos que sacuden la palestra política del país.

1. Armin Dorgathen Tapia (Expresidente de YPFB)

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acumuló múltiples denuncias por irregularidades administrativas y operativas durante la crisis de abastecimiento de carburantes. Tras salir del país de forma irregular a finales de 2025 y desatender una audiencia cautelar, un Juzgado Anticorrupción de La Paz lo declaró en rebeldía en enero de 2026.

Sobre Dorgathen pesa una orden de aprehensión activa, el congelamiento de cuentas y la anotación preventiva de bienes. Tras confirmarse su estancia en Brasil, Bolivia activó la notificación de Sello Azul y tramita el Sello Rojo ante la Interpol. Su causa principal es el Caso Botrading I, derivado del direccionamiento de contratos directos para la compra de diésel y gasolina con una intermediaria constituida en Paraguay; en septiembre de 2026, la Fiscalía presentó acusación formal por uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Asimismo, enfrenta un proceso por contrabando de exportación agravado en Tarija, además de investigaciones por enriquecimiento ilícito y el caso Botrading II, sumando más de 70 denuncias en su contra.

2. Eduardo Del Castillo del Carpio (Exministro)

El exministro de Gobierno cuenta con mandamientos de aprehensión vigentes desde octubre de 2026. El actual titular de la cartera, Marco Antonio Oviedo, confirma que continúa evadiendo la justicia y que se desconoce su paradero exacto, tras haberse filtrado denuncias de que cruzó la frontera hacia el exterior.

La Fiscalía lo investiga dentro del núcleo central de corrupción junto al exfiscal general Róger Mariaca. Su expediente penal incluye el Caso Sebastián Marset, donde se le procesa por tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, a raíz de un audio donde el presunto capo uruguayo aseguraba haber pagado medio millón de dólares mensuales para recibir protección estatal.. Además, acumula denuncias por el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho en 2022 y por desobediencia a la autoridad.

3. Cnl. Óscar Moreno y Tte. Cnl. Erick Correa (Jefes Policiales)

Lo que inicialmente fue presentado como una intervención exitosa contra el narcotráfico el 13 de marzo de 2026 en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra derivó en un escándalo judicial al descubrirse la sustracción de una caja fuerte, joyas y dinero en efectivo incautados.

A instancias del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía abrió un proceso penal contra los oficiales involucrados, quienes cuentan con mandamiento de aprehensión y se encuentran prófugos. La comisión de impuestos los imputa por cinco delitos: peculado, hurto agravado, incumplimiento de deberes, concusión y cohecho pasivo.

4. Rómer Saucedo (Exmagistrado)

Rómer Saucedo se encuentra con orden de aprehensión librada el 3 de noviembre de 2026. Mientras que el Gobierno y la Fiscalía General califican su salida del país como una fuga planificada para evadir cargos de narcotráfico y corrupción judicial —vinculándolo con el exfiscal general Róger Mariaca en una red de extorsión e impunidad—, Saucedo sostiene en redes sociales que es víctima de persecución política, asegurando que se exilió ante el temor de terminar muerto o encarcelado.

El delito principal que se le imputa es tráfico de sustancias controladas en calidad de autor y encubridor en el denominado «Caso Maletas» (ingreso ilegal de drogas desde Estados Unidos), sumando cargos por organización criminal y cohecho. Paralelamente, el Ministerio Público indaga su presunta participación en el cobro de más de un millón de bolivianos para manipular fallos constitucionales en Santa Cruz, esquema por el cual también se emitió una orden de captura contra su hermana, Ana Gabriela Saucedo.

Las investigaciones de estas causas continúan abiertas mientras los organismos de seguridad nacional e internacional coordinan la captura de los implicados para que respondan ante la justicia boliviana.

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