Redacción Central
Tras la reciente eliminación de la subvención al diésel, datos oficiales emitidos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) revelan que el 80,3% del parque automotor del servicio público boliviano utiliza gasolina, Gas Natural Vehicular (GNV) o una combinación de ambos, por lo que no se verá afectado directamente por la medida gubernamental.
De acuerdo con el registro actualizado, el universo total del transporte público en el país alcanza a 202.182 motorizados. Este total:
39.880 vehículos funcionan con diésel exclusivo (19,7%).
67.815 vehículos utilizan gasolina exclusiva (33,5%).
29.290 vehículos operan de forma exclusiva con GNV (14,5%).
65.197 vehículos combinan GNV y gasolina (32,2%).
Apuesta consolidada por el Gas Natural Vehicular
Las cifras demuestran que casi la mitad del servicio público nacional (46,7%) —un total de 94.487 unidades— ya aprovecha el GNV, un energético que mantiene su subvención y cuyo abastecimiento se desarrolla con total normalidad a nivel nacional.
Desde el Ejecutivo se ha enfatizado que la supresión del subsidio al diésel responde a la necesidad de erradicar el contrabando, la corrupción y el derroche económico que perjudicaron a la economía boliviana durante más de dos décadas.
Al respecto, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, explicó en conferencia de prensa que el sistema de precios anterior implicaba un costo insostenible para el país:
“Durante años, este sistema de precios de combustibles ha permitido mantener artificialmente un precio interno, con un costo elevadísimo para la sociedad y la ciudadanía”, señaló.
El peso de la subvención en sectores de altos ingresos
El Ministerio de la Presidencia detalló también la distorsión estructural que arrastraba el subsidio. A diciembre de 2025, Bolivia registró un parque automotor total de 2.672.176 vehículos, de los cuales los motorizados del servicio público representaban apenas una fracción minoritaria (4,8%).
En contraparte, el 93,7% de los automóviles del país (2.503.680 unidades) corresponden a vehículos particulares, lo que evidencia que la subvención beneficiaba desproporcionadamente a sectores con mayores ingresos en lugar de focalizarse en las familias más vulnerables.
«Este mecanismo tuvo una función económica y social, pero también generó distorsiones muy crecientes. Informes de diferentes organismos internacionales muestran que más del 50% del beneficio de este precio diferenciado llegaba a sectores de ingresos altos y solamente cerca del 7% beneficiaba a hogares pobres”, argumentó el ministro Aramayo.
Con un gasto anual que rondaba los 2.600 millones de dólares, el Gobierno argumenta que el fin de este subsidio es un paso fundamental para estabilizar la economía nacional y redirigir recursos fiscales hacia la inversión en infraestructura pública, como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas.
