
FEM Media / Heidy Almaraz
La Alcaldía de Cochabamba inició acciones legales en contra de las personas que protagonizaron agresiones físicas y provocaron daños materiales en motorizados municipales durante el conflicto registrado en el relleno sanitario de K’ara K’ara. Las medidas judiciales se asumen en el marco del reciente fallo del Tribunal Agroambiental que autoriza el ingreso de residuos sólidos al botadero, según informó el secretario de Asuntos Jurídicos, Abel Zuazo.
Respecto al alcance de los procesos penales en curso, el director de Asuntos Judiciales, Roy Ordoñez, precisó que el municipio sigue acciones contra cinco personas identificadas en los hechos violentos. De acuerdo con la autoridad, los sindicados son procesados por los presuntos delitos de daño y deterioro a bienes del Estado, lesiones graves y leves contra funcionarios públicos, además de asociación delictuosa.
En paralelo a la vía judicial, el Ejecutivo municipal enfatizó la necesidad de acatar la disposición emitida por la instancia agroambiental para garantizar la gestión de residuos y evitar una emergencia sanitaria. La determinación judicial establece condiciones específicas para la operación temporal del predio en la zona sur de la ciudad, mientras se definen las alternativas técnicas definitivas.
Sobre este punto, el secretario de Gobernabilidad, Walter Flores, explicó que el fallo judicial otorga un plazo perentorio de 90 días para ejecutar el cierre técnico del botadero de K’ara K’ara. La autoridad manifestó que el municipio espera que tanto vecinos como dirigentes del sector permitan dar cumplimiento a la resolución judicial, con el objetivo de prevenir cualquier daño ambiental a futuro.
Desde la administración municipal reiteraron el llamado al diálogo y al respeto de las disposiciones legales para dar continuidad al cronograma establecido por el Tribunal Agroambiental. Entretanto, las instancias jurídicas del Gobierno Autónomo Municipal continúan con el seguimiento de las denuncias interpuestas para establecer responsabilidades por las afectaciones al patrimonio público y la integridad de los trabajadores.

















