Redacción Central
La reciente aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y de otras autoridades en el marco de las investigaciones vinculadas al caso de Sebastián Marset, ha abierto un profundo debate sobre los vacíos institucionales y los procedimientos legales que deben seguirse en el país.
Al respecto, el exministro de Justicia y vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Goitia, calificó la situación como compleja debido a la naturaleza de la detención ejecutada por la Policía boliviana.
Goitia explicó que toda privación de libertad debe ser formalmente ratificada o levantada por una autoridad jurisdiccional (un juez o jueza) para que cobre validez procesal. Sin embargo, el análisis central radica en la situación administrativa de la máxima autoridad del Ministerio Público: Mariaca continúa ostentando formalmente el cargo de fiscal general del Estado.
Según el experto, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional no emita un pronunciamiento en contrario, Mariaca no renuncie o se determine una designación alternativa por parte del Estado, él legalmente sigue fungiendo como fiscal general. No obstante, el exministro aclaró que esto no lo exime de ser procesado y juzgado penalmente por los presuntos delitos investigados.
El escenario actual deja sobre la mesa interrogantes cruciales sobre la continuidad institucional del Ministerio Público y los pasos que adoptarán las autoridades judiciales y legislativas en los próximos días.
