Santa Cruz/ Redacción Central
El Consejo de la Magistratura procedió a la intervención del Juzgado de Instrucción Penal de la Capital 18, a cargo de la jueza Livia Alarcón, luego de que salieran a la luz antecedentes sobre sus presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La medida se da tras conocerse un informe —al que tendrían acceso autoridades de Estados Unidos— que señala que la magistrada habría permanecido por más de cuatro horas en la vivienda donde se refugiaba Marset, ubicada en la zona cruceña de Las Palmas, pocas horas antes de su captura.
Cronología bajo la lupa
De acuerdo con la información difundida por DTV, los movimientos de la jueza encendieron las alarmas debido a los siguientes registros que las imágenes de cámaras de seguridad que estarían en poder de la DEA:
20:00: Livia Alarcón habría ingresado al inmueble donde se encontraba el prófugo.
00:24: Abandonó la vivienda a bordo de un motorizado con vidrios polarizados.
Aproximadamente dos horas después: Se produjo el operativo que culminó en la detención de Marset.
Antecedentes judiciales y decisiones cuestionadas
El caso adquiere mayor gravedad al revisarse el historial jurisdiccional de la jueza Alarcón, quien conoció con anterioridad procesos vinculados al entorno del narcotraficante.
Entre los antecedentes que ahora son objeto de escrutinio figuran decisiones en las que la magistrada dictó medidas cautelares y posteriormente otorgó la libertad a personas investigadas por su cercanía con la red de Marset. Uno de los casos más destacados involucra a Iván García, alias “El Colla”, vinculado al mismo entorno, a quien Alarcón también se benefició con una resolución que le permitió dejar la cárcel en su momento.
La intervención del Consejo de la Magistratura busca esclarecer tanto la naturaleza de la presencia de la autoridad judicial en el refugio del líder criminal como la legalidad e imparcialidad de sus fallos previos relacionados con su red de apoyo.
