
Redacción Central
Ante la amenaza latente de contaminación hídrica, el gerente de la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Luis Prudencio, dio a conocer los puntos clave de la resolución emitida por el Comité Interinstitucional en Defensa del Agua contra la Minería Ilegal. La instancia, encabezada por el alcalde municipal Manfred Reyes Villa, exige urgentes y contundentes acciones para proteger la represa de Misicuni.
La creación del comité y el pronunciamiento surgió tras una reunión masiva que congregó a diversas fuerzas vivas y sectores del departamento, entre ellos el Comité Cívico, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la Central Obrera Departamental (COD), el Colegio de Médicos, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Cámara Departamental de Minería y Metalurgia, además de representantes gremiales.

Los puntos centrales de la resolución:
Comité Permanente de Defensa acordó la conformación oficial del Comité Departamental de Defensa del Agua de la Represa de Misicuni, el cual sesionará de manera permanente bajo la convocatoria del Gobierno Autónomo Municipal.
Se exige el cese inmediato de cualquier actividad de explotación minera ilegal tanto en la cuenca de Misicuni como en el Parque Nacional Tunari, adoptando garantías estrictas para que estas prácticas no vuelvan a repetirse.
El documento exige el inicio de procesos legales contra los responsables —ya sea por acción, inacción u omisión— debido a la falta de vigilancia y control estatal sobre la minería ilegal en el área protegida.
Se conmina a la Gobernación a publicar de forma inmediata toda la documentación vinculada al caso, incluyendo concesiones mineras, licencias ambientales, informes de inspección y denuncias previas.
Las instituciones firmantes remarcaron que la única vía para garantizar la seguridad hídrica del departamento y evitar la contaminación hacia la represa es el control riguroso y la intervención directa de las instancias competentes en la zona.
Prudencio enfatizó que este documento será ratificado y suscrito formalmente por todas las organizaciones participantes, consolidando un bloque común liderado por el municipio para precautelar el suministro de agua potable para los cochabambinos.

















