Redacción Central
Jerjes Justiniano, abogado del exfiscal general del Estado Roger Mariaca, informó que este jueves sostuvo una reunión con la exautoridad judicial, en la cual pudo verificar que atraviesa por delicados problemas de salud. Asimismo, la defensa legal denunció públicamente que las condiciones en las que se encuentra recluido son deprimentes, toda vez que permanece en una celda improvisada que anteriormente funcionaba como depósito. Ante este escenario, la representación jurídica anunció acciones inmediatas: “Vamos a pedir que sea trasladado a Santa Cruz”, sostuvo Justiniano.
Respecto al panorama institucional y la reciente elección de la nueva autoridad interina en el Ministerio Público, el jurista afirmó que Mariaca no ha emitido una postura al respecto. No obstante, cuestionó severamente los actuados promovidos contra su defendido, asegurando que los procesos en su contra carecen de sustento legal objetivo. Según argumentó la defensa, los casos iniciados forman parte de una pugna política orquestada en los altos estratos del poder para desarticular las investigaciones previas.
En esa misma línea, Justiniano reveló que la exautoridad se encontraba desarrollando indagaciones de impacto que involucraban de manera directa al entorno presidencial. De acuerdo con el reporte del jurista, entre la documentación que fue secuestrada durante los recientes operativos policiales se hallaba una carpeta con actuados vinculados a casos de alta repercusión nacional, tales como los denominados Oro y gasolina, entre otros de similar alcance.
El abogado defensor ratificó que el juzgamiento de Mariaca responde a móviles ajenos al ámbito estrictamente penal y judicial. Refiriéndose al estado de situación y a las valoraciones realizadas por el propio exfiscal desde su sitio de reclusión, el representante legal enfatizó el origen de la persecución judicial ejercida en su contra: “Él dice que este proceso es producto del poder político”, expressed.
Entre tanto, la defensa técnica ultima los recursos constitucionales y procesales solicitando garantías a los derechos fundamentales y el traslado de la exautoridad a la ciudad de Santa Cruz. La opinión pública y los diversos estamentos del foro procesal se mantienen a la expectativa de las resoluciones judiciales que adopte la autoridad jurisdiccional en las próximas horas respecto a las solicitudes presentadas por la representación legal.Jerjes Justiniano, abogado del exfiscal general del Estado Roger Mariaca, informó que este jueves sostuvo una reunión con la exautoridad judicial, en la cual pudo verificar que atraviesa por delicados problemas de salud. Asimismo, la defensa legal denunció públicamente que las condiciones en las que se encuentra recluido son deprimentes, toda vez que permanece en una celda improvisada que anteriormente funcionaba como depósito. Ante este escenario, la representación jurídica anunció acciones inmediatas: “Vamos a pedir que sea trasladado a Santa Cruz”, sostuvo Justiniano.
Respecto al panorama institucional y la reciente elección de la nueva autoridad interina en el Ministerio Público, el jurista afirmó que Mariaca no ha emitido una postura al respecto. No obstante, cuestionó severamente los actuados promovidos contra su defendido, asegurando que los procesos en su contra carecen de sustento legal objetivo. Según argumentó la defensa, los casos iniciados forman parte de una pugna política orquestada en los altos estratos del poder para desarticular las investigaciones previas.
En esa misma línea, Justiniano reveló que la exautoridad se encontraba desarrollando indagaciones de impacto que involucraban de manera directa al entorno presidencial. De acuerdo con el reporte del jurista, entre la documentación que fue secuestrada durante los recientes operativos policiales se hallaba una carpeta con actuados vinculados a casos de alta repercusión nacional, tales como los denominados Oro y gasolina, entre otros de similar alcance.
El abogado defensor ratificó que el juzgamiento de Mariaca responde a móviles ajenos al ámbito estrictamente penal y judicial. Refiriéndose al estado de situación y a las valoraciones realizadas por el propio exfiscal desde su sitio de reclusión, el representante legal enfatizó el origen de la persecución judicial ejercida en su contra: “Él dice que este proceso es producto del poder político”, expressed.
Entre tanto, la defensa técnica ultima los recursos constitucionales y procesales solicitando garantías a los derechos fundamentales y el traslado de la exautoridad a la ciudad de Santa Cruz. La opinión pública y los diversos estamentos del foro procesal se mantienen a la expectativa de las resoluciones judiciales que adopte la autoridad jurisdiccional en las próximas horas respecto a las solicitudes presentadas por la representación legal.
