
FEMMedia / Brisa Mariaca
La Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia ha fijado una postura firme frente a las recientes medidas del Ministerio de Educación. Miriam Ayala, ejecutiva nacional del sector, aclaró que la única condición para asistir a un diálogo con el Ejecutivo es que este retire el polémico proyecto de ley que busca la descentralización de la administración de recursos humanos de los institutos hacia las gobernaciones. Según explicó, la exigencia central apunta a “que el gobierno retire ese proyecto que pretende descentralizar la administración de los recursos de los institutos a favor de las gobernaciones”, advirtiendo que existe una presunta intención política de fragmentar la educación boliviana.
Asimismo, Ayala enfatizó que de no frenarse esta iniciativa y mantenerse las propuestas gubernamentales, el magisterio radicalizará sus medidas de presión, sin descartar escenarios de mayor confrontación gremial. Al ser consultada sobre los alcances de sus movilizaciones, remarcó que las decisiones emanadas de su sexta conferencia nacional extraordinaria son categóricas en defensa de una enseñanza fiscal y gratuita. En sus propias palabras, la dirigente sostuvo que “la educación única, fiscal y gratuita no es dádiva de ningún gobierno, ha sido la construcción, la lucha del pueblo boliviano, y ahora estamos llamados a defenderla”.
El sector educativo urbano recalcó que no aceptará distracciones ni justificaciones centradas en una supuesta transferencia administrativa simple, al considerar que esto pone en grave riesgo la institucionalidad educativa del país. Por ello, la dirigencia nacional exhorta a maestros, padres de familia, estudiantes técnicos y a toda la población a sumarse a la defensa de este derecho fundamental. De acuerdo con la organización sindical, las medidas de protesta anunciadas solo se suspenderán de manera definitiva si las autoridades nacionales atienden el pliego petitorio y anulan las normativas cuestionadas.

















