Agencias
Familiares de 77 personas procesadas en Venezuela dentro del denominado caso ‘PDVSA-Obrero’ exigieron este lunes que se les otorguen medidas sustitutivas de libertad a los imputados por presunto contrabando de combustible, con el objetivo de que continúen sus causas en libertad. La petición se sustenta en las medidas otorgadas a otros procesados desde inicios de año en causas de naturaleza política en el país, toda vez que este expediente reúne a trabajadores de bajo rango de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ciudadanos ajenos a la empresa e integrantes de los cuerpos de seguridad retenidos desde 2024.
La abogada de la defensa en Venezuela, Zimarú Fuentes, detalló que un total de 76 involucrados en el expediente ya han sido puestos en libertad mediante cautelares y solicitó formalmente la extensión de este beneficio legal para el resto de los aprehendidos. Según el balance presentado por los familiares, las 77 personas que permanecen privadas de libertad se encuentran distribuidas en diferentes estados venezolanos: 54 en Anzoátegui, diez en Carabobo, nueve en Falcón y una en el Distrito Capital, mientras que otras tres recibieron condena el pasado 1 de octubre en La Guaira.
Durante la manifestación pública efectuada en territorio venezolano, los familiares denunciaron severas irregularidades procedimentales en la causa judicial y revelaron que el fiscal originario de la investigación, Jean Karín López Ruiz, fue acusado por hechos de corrupción y actualmente se desconoce su paradero. Paralelamente, los parientes urgieron la concesión de atención médica prioritaria para cuatro de los procesados debido al grave deterioro de su estado de salud, mencionando el caso de Larry José Moya y de Renier Macetti, este último tras haber sufrido dos infartos en reclusión.
La causa tuvo su origen en octubre de 2024 a raíz de un operativo desplegado en las instalaciones de la Refinería de Puerto La Cruz, en el oriente de Venezuela, vinculado a supuestos desvíos y contrabando de carburantes hacia el exterior. A lo largo del proceso, los voceros de los aprehendidos han reportado fluctuaciones en las cifras globales del expediente, manejando balances preliminares que oscilaron entre los 170, 150 y 160 involucrados antes de consolidar el registro actual.
El pronunciamiento contó con el acompañamiento del diputado opositor venezolano Tomás Guanipa, quien solicitó la intervención de la comunidad internacional y del Gobierno de Estados Unidos para interceder en favor de la liberación de los aprehendidos. Las familias instaron a los órganos de justicia de Venezuela a unificar los criterios procesales aplicados en la causa y garantizar el debido proceso para los ciudadanos que continúan tras las rejas.
