
Agencias
La Fiscalía de Estados Unidos sostiene que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset habría pagado sobornos a funcionarios de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela para obtener información, protección y evitar operativos de las fuerzas del orden. Los señalamientos forman parte de las pruebas que el Ministerio Público estadounidense pretende presentar en el juicio previsto para enero de 2027.
De acuerdo con un escrito del fiscal Anthony T. Aminoff, presentado ante el Tribunal de Distrito Este de Virginia, Marset habría utilizado un esquema de “plata o plomo” para influir en autoridades y garantizar la continuidad de sus actividades ilícitas. La acusación señala que los pagos le permitían acceder a información sobre investigaciones de narcotráfico, conocer operativos de captura y obtener protección frente a las fuerzas policiales.
En el caso de Bolivia, la Fiscalía estadounidense prevé presentar testimonios sobre presuntos pagos periódicos a un alto funcionario, quien supuestamente distribuía el dinero entre otros integrantes del Gobierno. Según el documento, estos sobornos también habrían permitido recuperar cargamentos de cocaína incautados a cambio de pagos adicionales y acceder a expedientes policiales sobre investigaciones de narcotráfico.
Los fiscales consideran que los vínculos con funcionarios y miembros de las fuerzas del orden constituían una parte central de la estructura criminal atribuida a Marset. El escrito también menciona que el acusado habría buscado información sobre reuniones entre agentes de la DEA y autoridades bolivianas.
Marset fue detenido el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo coordinado entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Posteriormente fue trasladado a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo.
Los señalamientos sobre los sobornos forman parte de solicitudes de la Fiscalía para incorporar pruebas al juicio. La defensa de Marset cuestionó estos documentos y sostuvo que no acreditan ningún hecho, debido a que las presuntas operaciones no identifican a los funcionarios involucrados ni precisan montos o fechas.

















