Redacción Central / Brisa Mariaca Velasco
El Gobierno nacional advirtió que la aprehensión de 14 personas, entre ellas cuatro altas autoridades judiciales, es apenas el inicio de una investigación de mayor alcance orientada a desmantelar una presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público. La postura oficial surge tras el despliegue policial ejecutado la noche del miércoles, calificado por el Ejecutivo como un hito decisivo en la lucha contra la delincuencia organizada.
Las actuaciones de la fuerza pública derivaron en la captura del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca; el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el exfiscal superior Martín Irusta y un oficial con el grado de mayor de la Policía Boliviana. Según la hipótesis central planteada por la vocería gubernamental, los implicados habrían instrumentado la estructura institucional para brindar cobertura a actividades ilícitas.
El vocero presidencial, José Luis Galvez, aseveró que las indagaciones no se limitarán a los actuales aprehendidos y lanzó una advertencia directa a servidores públicos, autoridades electas y efectivos policiales: “A todos los que se pongan del lado del narcoterrorismo, los vamos a perseguir. Quiero decirles, que esto recién comienza. Vamos a ser firmes. No hay privilegios”.
Galvez remarcó la gravedad del caso al sostener que “estamos hablando de la utilización de instituciones del estado para dar protección al narcotráfico”. Asimismo, confirmó que los teléfonos celulares incautados durante las intervenciones serán sometidos a peritajes para establecer posibles vínculos entre los involucrados y ampliar las acciones judiciales.
