La Paz/Redacción Central
Durante su discurso de asunción, el nuevo fiscal general interino, José Armando Urioste, no dudó en calificar la situación actual del órgano persecutor como un punto de inflexión crítico, señalando que la institución ha atravesado una etapa marcada por la corrupción y la extorsión a la ciudadanía.
Ante asambleístas tanto del oficialismo como de la oposición, Urioste destacó que su designación cuenta con un respaldo amplio que le otorga legitimidad y un fuerte compromiso con el pueblo boliviano. Sin embargo, fue tajante al evaluar el pasado reciente de la entidad:
«Hemos llegado al peor momento de lo que es un ministerio público corrupto, un ministerio público que ha sido sumamente manchado por la delincuencia, por la influencia (…) de un órgano del Estado que es el defensor del Estado y de la sociedad. Ha violado los principios constitucionales y ha sido temor para el ciudadano boliviano que se acerque a un fiscal, temor que haya una investigación porque se viene una extorsión, se viene un cobro de dinero. Eso se va a acabar a partir de este momento».
Hacia un nuevo modelo de justicia y Estado de Derecho
El recién juramentado fiscal general interino advirtió que el «monstruo» de la corrupción sigue instalado en las estructuras institucionales, por lo que anunció un trabajo coordinado con los poderes Ejecutivo y Legislativo, además del respaldo de la Policía Boliviana, para garantizar la seguridad jurídica.
«El fiscal debe garantizar que la persona que ha cometido un delito pague, y garantizar que la persona que es inocente esté libre. No podemos estar extorsionando al ciudadano porque cayó en desgracia o porque ha sido inculpado de la comisión de un delito», enfatizó Urioste, cerrando filas en favor de la transparencia y el respeto irrestricto a la ley.
