Jaime Balanza Márquez
El verdadero problema no es un número ni un precio momentáneo: es la fórmula permanente que se utilizará para calcularlo.
Esta fórmula indexa el precio del diésel boliviano a la cotización internacional del ULSD Colonial 62, un diésel estadounidense de ultra bajo contenido de azufre. También lo vincula al tipo de cambio, a los conflictos internacionales, a los premios exigidos por los proveedores, al transporte, al almacenamiento, a los costos financieros, a los tributos y a otros gastos logísticos.
La indexación al dólar representa otra grave amenaza. Para comprar e internar cada nuevo lote de combustible, primero será necesario conseguir dólares. Esa demanda permanente de divisas presionará el precio del dólar hacia arriba y provocará una mayor devaluación del boliviano.
Cuando el dólar sube, Bolivia necesita más bolivianos para comprar la misma cantidad de combustible. Al mismo tiempo, se encarecen los productos importados, aumenta la inflación y los salarios, las rentas y los ingresos familiares pierden poder adquisitivo.
Este mecanismo se repetirá con cada nuevo lote:
- Se necesitan dólares para comprar combustible.
- Aumenta la demanda de dólares.
- Sube el tipo de cambio y se devalúa el boliviano.
- Suben el diésel, el transporte, los alimentos y otros productos.
- Los salarios alcanzan para comprar cada vez menos.
Por esta razón, aunque termine la guerra y baje el precio internacional del petróleo o del diésel, su precio en Bolivia puede seguir subiendo. La reducción internacional puede ser anulada por el aumento del dólar, la devaluación y los demás costos incorporados a la fórmula.
Además, el mecanismo se activa automáticamente cuando la variación acumulada alcanza un 5 %, tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto significa que el precio podrá reajustarse cada vez que los componentes de la fórmula alcancen ese porcentaje, sin necesidad de realizar un nuevo debate nacional.
La fórmula también convierte la corrupción, los sobreprecios y la ineficiencia en componentes del precio final. Si el Estado compra mal, contrata sin licitación ni competencia, utiliza intermediarios costosos o acepta condiciones perjudiciales, todo ese costo será trasladado directamente al pueblo.
Asimismo, Bolivia continúa comprando combustibles a Vitol y Trafigura, proveedoras vinculadas al caso de la denominada “gasolina basura”, sin que se hayan esclarecido plenamente la calidad del producto, los contratos y las responsabilidades correspondientes.
No se puede cobrar al pueblo un precio indexado a un diésel estadounidense de alta calidad y ultra bajo contenido de azufre, mientras Bolivia recibe un combustible de especificaciones inferiores.
El diésel mueve la producción, el transporte y la distribución. Cuando sube, también aumentan el pan, la carne, la leche, los medicamentos y toda la canasta familiar.
Por eso exijo la abrogación del Decreto Supremo N.º 5716 y la eliminación total de su fórmula de indexación.
Repito: el peligro no es solamente el precio de Bs 17,95. El verdadero peligro es una fórmula automática que dolariza los combustibles y los alimentos, devalúa los ingresos y obliga al pueblo a pagar por guerras ajenas, corrupción, sobreprecios e ineficiencia estatal.
