
Agencias
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años en un hospital de Guadalajara, estado de Jalisco, México. Su fallecimiento se produjo el domingo 15 de noviembre, dos días después de ser trasladado de emergencia desde el penal de Puente Grande por complicaciones de salud.
La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco confirmó que el narcotraficante falleció a causa de una falla orgánica múltiple. Félix Gallardo permanecía bajo custodia desde 1989 y había cumplido más de 37 años en prisión.
Durante las décadas de 1970 y 1980, encabezó una de las organizaciones criminales más poderosas de México, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”. El grupo controló importantes rutas de tráfico de marihuana, heroína y cocaína, además de establecer conexiones con organizaciones colombianas para trasladar droga hacia Estados Unidos.
Antes de convertirse en uno de los principales líderes del narcotráfico mexicano, Félix Gallardo trabajó en la Policía Judicial de Sinaloa y fue guardaespaldas de personas cercanas al entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Sus contactos y relaciones con funcionarios fueron señalados como parte de los mecanismos que facilitaron la expansión de sus actividades criminales.
Su captura ocurrió el 8 de abril de 1989, cuatro años después del secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Este caso provocó una fuerte crisis diplomática entre México y Estados Unidos y desencadenó una investigación internacional contra la organización.
Tras su detención, el Cártel de Guadalajara se fragmentó y dio paso a otras estructuras criminales, entre ellas las vinculadas a los hermanos Arellano Félix en Tijuana y las organizaciones que posteriormente consolidaron el Cártel de Sinaloa.
Félix Gallardo recibió una condena de 40 años por delitos relacionados con el narcotráfico y, posteriormente, otra de 37 años por los asesinatos de Camarena y Zavala. Aunque en 2022 un juez autorizó que cumpliera su condena bajo arresto domiciliario por razones de salud, la resolución no llegó a ejecutarse debido a objeciones legales.

















