Redacción Central
Seis de las nueve gobernaciones del país se declararon este jueves en «estado de alerta» y dieron plazo hasta el 31 de octubre de 2026 al Gobierno nacional para avanzar en una serie de demandas relacionadas con la redistribución de recursos bajo la fórmula 50-50 y el impacto del incremento del precio del diésel en las finanzas departamentales.
La determinación fue asumida durante una reunión realizada en Santa Cruz a la que asistieron los gobernadores de Chuquisaca, Luis Ayllón; de Tarija, María René Soruco; de La Paz, Luis Revilla; de Oruro, Jhonny Vedia; y de Cochabamba, Leonardo Loza.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, fue el encargado de dar lectura a las conclusiones del encuentro y señaló que las autoridades departamentales exigen el cumplimiento de los compromisos asumidos el pasado 5 de agosto en la Casa de la Libertad, en Chuquisaca. Entre los principales pedidos está que la coparticipación tributaria para los gobiernos departamentales comience a aplicarse desde el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, sin afectar los recursos correspondientes a municipios, autonomías indígena originario campesinas ni universidades públicas.
Otro de los puntos centrales está relacionado con el incremento del costo del diésel tras el retiro de la subvención. Los gobernadores sostienen que los presupuestos departamentales de 2026 fueron elaborados considerando un precio de Bs 6,73 por litro y que el nuevo costo genera un gasto adicional que no estaba contemplado. Por ello, plantean que el Tesoro General de la Nación otorgue compensaciones para cubrir el mayor gasto en combustible utilizado en servicios como el mantenimiento de caminos, salud y operación de maquinaria departamental.
La declaración establece el 31 de octubre como fecha límite para verificar avances y ratifica que las mesas técnicas continuarán trabajando sobre los distintos puntos planteados al nivel central del Estado.
