Redacción Central
El sobreseimiento otorgado a Jimena Katherin Marset Cabrera, hermana de Sebastián Marset, vuelve a estar bajo la lupa en Bolivia después de que se conocieran nuevos detalles sobre la resolución que terminó influyendo en su liberación en España. Jimena había sido detenida el 10 de junio de 2025 en Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, mediante un operativo coordinado entre la Policía española e Interpol Uruguay. En ese momento existía contra ella una orden de captura internacional solicitada por Bolivia.
Tras la aprehensión, la defensa activó gestiones para evitar su extradición. Según explicó entonces el abogado Santiago Moratorio, desde Bolivia se comunicó a las autoridades españolas que Jimena Marset había sido beneficiada con un sobreseimiento fiscal y que ya no pesaba sobre ella la requisitoria internacional. Horas después quedó en libertad. La defensa sostuvo que la decisión se basó en la falta de elementos suficientes para continuar el proceso.
Sin embargo, las controversias en torno al origen del dictamen han generado posturas encontradas dentro de la administración de justicia. La jueza Livia Alarcón, quien tuvo bajo su conocimiento causas vinculadas al entorno de Marset, indicó recientemente que el Órgano Judicial no emitió esa decisión. “Hay una resolución fiscal firmada por estas autoridades en favor de Katherin Marset Cabrera”, confirmó la jueza.
Jimena Marset había sido incluida en una investigación de la Fiscalía boliviana junto con otros miembros del entorno familiar de Sebastián Marset. En 2024 fue reportada como imputada dentro de una causa relacionada con presuntos delitos de narcotráfico y asociación delictuosa, y posteriormente fue declarada rebelde al no comparecer ante la Justicia boliviana. La defensa, sin embargo, sostuvo siempre que no existían pruebas suficientes que demostraran una participación delictiva de Jimena.
La situación cobra nueva relevancia en medio de las investigaciones sobre actuaciones de fiscales y funcionarios vinculados a procesos relacionados con la estructura de Sebastián Marset. Las autoridades locales analizan el alcance de los actuados procesales que derivaron en la emisión del sobreseimiento, mientras se cuestiona la coordinación entre las instancias del Ministerio Público y el seguimiento de las órdenes de aprehensión internacionales.
