FEM Media/Alejandra Carreño García
La Alcaldía de Cochabamba prepara un decreto municipal para establecer en Bs 11,95 el precio de venta del turril de agua distribuido mediante carros cisterna. La medida se sustenta en un estudio técnico del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), que tomó en cuenta los costos operativos del servicio y una utilidad del 20% para los distribuidores. El objetivo es fijar una tarifa de referencia que permita cubrir los gastos de transporte y, al mismo tiempo, evitar cobros excesivos a las familias que dependen de este sistema de abastecimiento.
La decisión se anuncia en medio del conflicto entre la Alcaldía y un sector de los cisterneros, que rechaza la Ley Municipal N.º 1927, normativa que regula el carguío de agua y prohíbe realizar esta actividad en calles y aceras públicas. Los transportistas cuestionan las restricciones y exigen la abrogación de la norma, mientras el municipio sostiene que busca ordenar los puntos de abastecimiento y evitar el deterioro de las vías públicas. Las reuniones entre ambas partes no lograron resolver las diferencias, por lo que los cisterneros optaron por replegar sus vehículos.
La paralización afectó principalmente a familias de los distritos 7, 8, 9 y 14, donde varios barrios no cuentan con conexión a la red pública de agua potable. Según reportes publicados el 17 de octubre, alrededor de 450 cisternas habían dejado de prestar el servicio y los vecinos enfrentaban dificultades para conseguir agua. En algunas zonas, el turril llegó a comercializarse hasta en Bs 25. Como respuesta, Semapa habilitó puntos de abastecimiento y desplegó alternativas de distribución solidaria para atender a la población afectada.
La tensión escaló después de que, según la denuncia municipal, algunas personas impidieran el paso de cisternas independientes, amenazaran a sus conductores e incluso los obligaran a desechar el agua que transportaban para abastecer a los vecinos. Ante estos hechos, la Alcaldía presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra dos dirigentes del sector, identificados por sus iniciales R. P. y A. P., por la presunta comisión del delito de obstaculización y entorpecimiento de servicios públicos esenciales, contemplado en el artículo 214 del Código Penal. El proceso se encuentra en el ámbito de la denuncia y las responsabilidades deberán establecerse conforme a la investigación.
El gerente de Semapa, Luis Prudencio, explicó que el estudio técnico considera factores como el consumo de diésel, las rutas de transporte y el mantenimiento de los vehículos, con el propósito de calcular una tarifa que contemple los costos reales de operación y una ganancia para los cisterneros. Por su parte, la Alcaldía señaló que trabaja en la elaboración del decreto para poner en vigencia el precio y anunció que la propuesta será socializada con los distribuidores. La regulación busca dar certidumbre a los usuarios y evitar que las disputas por el carguío terminen afectando el acceso de la población a un servicio esencial.
