Redacción Central
Tras un encuentro convocado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, autoridades gubernamentales, organizaciones sociales y familiares de víctimas de feminicidio acordaron trazar una hoja de ruta articulada para fortalecer la aplicación de la Ley N° 1680.
La norma, aprobada con el fin de brindar protección integral y reparación a las hijas e hijos que quedan en estado de orfandad tras un feminicidio u otros delitos contra la vida, busca optimizar sus alcances reales a través del diálogo directo con los dolientes.
Durante la jornada, los familiares expusieron sus testimonios, preocupaciones y las tareas burocráticas que enfrentan día a día, permitiendo identificar las principales falencias en la implementación del Decreto Supremo 5745 (reglamento de la norma). El espacio buscó situar el principio del interés superior de la niñez en el centro de las políticas de Estado.
El encuentro contó con una amplia representación institucional, destacando la participación de:
La Defensoría del Pueblo
La Fundación Voces Libres
La Comunidad de Derechos Humanos
El Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de la UMSA
Redes de activistas y familias de víctimas de violencia machista.
Acuerdos clave: Mesas técnicas para acelerar la protección
Como primer resultado operativo de esta articulación, se desarrolló la conformación inmediata de mesas técnicas de trabajo. En estos espacios se revisarán la ley, su reglamentación y sus mecanismos de aplicación para incorporar formalmente las demandas de las familias. Entre las áreas prioritarias se destacan el acceso efectivo al subsidio o asistencia económica, el acompañamiento psicológico a largo plazo y la celeridad en la guardia y custodia legal de los menores.
Desde el Viceministerio reafirmaron el compromiso de mantener una agenda abierta de coordinación y seguimiento, garantizando que el diseño normativo responde a la realidad que viven cientos de niños, niñas y adolescentes en Bolivia.
