FEM Media/Alejandra Carreño García
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba presentó una denuncia penal contra Ronald Pavón Ceberich y Alfredo Paniagua, a quienes acusa de obstaculizar la distribución de agua mediante cisternas. El municipio sostiene que estas acciones afectan el acceso al líquido elemento, especialmente en la zona sur y sectores alejados de la ciudad.
El director de Asuntos Judiciales del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Roy Ordóñez, informó que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público contra Ronald Pavón Ceberich, representante del servicio de cisternas, y Alfredo Paniagua, secretario general de la asociación de cisterneros. La acción legal fue interpuesta por el presunto delito de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, previsto en el artículo 214 del Código Penal.
Según Ordóñez, los denunciados habrían intervenido en la circulación de cisternas que distribuyen agua potable, mediante amenazas y acciones destinadas a impedir el normal desarrollo de esta actividad. El funcionario señaló que estos hechos perjudican a los habitantes de la zona sur y de otros sectores alejados que dependen de este servicio para acceder al agua. Asimismo, indicó que se reportaron acciones como el corte del paso de los vehículos y el derrame de agua en las calles.
El director de Asuntos Judiciales advirtió que el artículo 214 del Código Penal contempla una pena de dos a seis años de privación de libertad para el delito de atentado contra la seguridad o el funcionamiento normal de los servicios públicos, entre ellos el suministro de agua. La determinación de responsabilidades corresponderá a las instancias competentes en el marco de las investigaciones.
Ordóñez también informó que el municipio mantiene acciones operativas para garantizar la circulación de las cisternas independientes, con el acompañamiento de guardias municipales y grupos estratégicos, con el objetivo de evitar nuevas interrupciones en la distribución del agua.
Respecto a las diferencias sobre la normativa que regula este servicio, la autoridad señaló que la ley se encuentra en etapa de reglamentación y aseguró que el municipio está dispuesto a participar en mesas de diálogo para alcanzar acuerdos. Sin embargo, sostuvo que las discrepancias deben resolverse mediante el diálogo y el respeto, sin afectar el abastecimiento de agua a la población.
Finalmente, el funcionario ratificó que el acceso al agua es un derecho fundamental y que el gobierno municipal continuará con las acciones legales y operativas para resguardar la distribución del servicio. El avance de la denuncia y la eventual responsabilidad de las personas señaladas dependerán de las actuaciones del Ministerio Público y de las instancias judiciales correspondientes.
