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Fiscalía imputa al expresidente Santiago Peña y pide su prisión preventiva

El expresidente Santiago Peña es custodiado y escoltado por efectivos de la Policía Nacional tras ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Agencias

En un giro decisivo dentro del escándalo financiero que remece a Paraguay, la Fiscalía solicitó este sábado la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña. La petición del Ministerio Público se formalizó tras imputarlo por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. El pedido fiscal surge pocas horas después de que Peña fuera aprehendido a raíz del colapso y liquidación de Ueno bank por problemas de insolvencia —entidad ligada directamente al exmandatario y cuya crisis provocó su reciente destitución en un juicio político dictaminado por el Congreso—. La decisión de otorgar o rechazar la detención preventiva quedará en manos del juez penal de la causa durante la audiencia de imposición de medidas.

De acuerdo con el acta acusatoria redactada por los fiscales asignados al caso, el exjefe de Estado «habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales» dentro de la citada entidad bancaria. El documento institucional enfatiza que Peña sostuvo una «relación económica y corporativa previa» con el grupo empresarial matriz. Entre las pruebas expuestas por los legisladores acusadores se detalla que el exmandatario figuraba como accionista de Ueno Holding —propiedad del Grupo Vásquez—, firma en la que vendió sus acciones en marzo de 2025.

El informe fiscal sostiene que Ueno bank captó de forma irregular dichos depósitos del erario público «mientras desarrollaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico». Estas maniobras financieras internas generaron «observaciones e irregularidades por parte de los órganos de supervisión del Banco Central», las cuales fueron ignoradas. Entre los fondos estatales atrapados tras la liquidación del banco destacan cerca de 355 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), entidad responsable del pago de planillas de al menos 32.000 jubilados.

La imputación penal y la solicitud de encarcelamiento preventivo se extendieron también al expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, procesado por lesión de confianza, falsificación inmediata de documentos públicos y administración en provecho propio. Carvallo, quien ocupó la dirección ejecutiva de Financiera Ueno antes de asumir la conducción del ente regulador en 2023, se entregó anoche ante las autoridades judiciales. Bajo su gestión al frente del BCP, el directorio aprobó la apertura de Ueno bank «83 días después» de que asumiera el cargo.

La quiebra y posterior cierre de la entidad dejó congeladas las cuentas de 2,94 millones de clientes en todo el país. Hasta el momento, las indagatorias judiciales arrojan un saldo de 27 personas imputadas, entre las que destaca Miguel Vásquez, cofundador del banco, quien fue recluido el viernes en un centro penitenciario junto a cinco altos ejecutivos mientras la Fiscalía profundiza las investigaciones.

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