Redacción Central
El exministro de Defensa, Luis Fernando López, se pronunció sobre la denuncia presentada por el actual Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respecto a presuntas irregularidades y responsabilidades en el caso del sistema de radares. López sostuvo que la adenda firmada durante su gestión no involucró recursos económicos y pidió la aprobación de un proyecto de ley para auditar los procesos judiciales a perseguidos políticos.
“No se habló de dinero, sino de cronogramas”
Frente a los señalamientos sobre la firma del contrato modificatorio número 5, el exministro aclaró que la adenda suscrita en su gestión no alteró montos presupuestarios ni generó un daño económico al Estado.
«En mi caso no hablamos de dinero; con una adenda no se cambia el monto. Hablamos de controlar un cronograma que estuvo parado por la convulsión social y la pandemia de COVID-19», explicó López.
Respecto al estado actual de los radares —donde solo dos estarían plenamente operativos y varios presentarían fallas—, López sostuvo que no se le puede atribuir responsabilidad por lo sucedido en los últimos años: “Yo estuve en 2020 y puedo certificar en qué estado dejamos el proyecto. Quienes estuvieron en los últimos cinco años deben dar las razones de por qué hoy no están operando; no es mi responsabilidad”.
Pide auditoría jurídica para defenderse en libertad
Al ser consultado sobre su situación legal y los procesos en su contra, López expresó su desconfianza en el sistema judicial actual, al que acusó de mantener a millas de personas en prisión preventiva sin sentencia.
Sin embargo, destacó como una alternativa el proyecto de ley presentado por el diputado Alarcón, titulado “Ley para la revisión de casos de perseguidos políticos”. Según la exautoridad, esta propuesta busca realizar una auditoría jurídica técnica e independiente que determine responsabilidades de manera transparente.
“No pido amnistía ni indulto, pido una revisión jurídica seria y técnica que diga si soy inocente o si tengo culpabilidad”, afirmó, remarcando que no aceptará aplicar a detenciones preventivas prolongadas sin garantías del debido proceso.
