Redacción Central
Tras la firma del acuerdo con el sector panificador para mantener el precio del pan de batalla en Bs 0,80 en todo el país, el Gobierno central anunció que coordinará estrechamente con los gobiernos autónomos municipales la ejecución de operativos de control en todos los puntos de venta. La medida busca frenar cualquier intento de especulación o incremento unilateral que afecte la economía de los hogares bolivianos.
En esa línea, el viceministro de Comercio, Gustavo Rodolfo Serrano Ossorio, ratificó el trabajo conjunto con los municipios al señalar que «siempre se coordina con las alcaldías, por supuesto lo haremos. Las alcaldías son responsables de verificar diferentes aspectos en los puntos de venta». La autoridad aseguró que desde el Ejecutivo se enviarán las notas correspondientes a las intendencias municipales para que movilicen a su personal y garanticen el estricto cumplimiento del acuerdo.
El entendimiento alcanzado este lunes se consolidó tras una reunión clave entre representantes gubernamentales y dirigentes del sector panificador, instancia en la que también se fijó que el quintal de harina en La Paz costará Bs 310. Además, se estableció un mecanismo de entrega directa del insumo a “precio justo” destinado exclusivamente a los productores que cuenten con sus permisos y documentos en regla, cuya distribución inicial está prevista para los próximos días, según detalló Dandy Mallea, dirigente de los panificadores artesanos de La Paz.
Por su parte, Raúl Ortiz, otro de los principales dirigentes del sector, ratificó públicamente que el precio de la unidad del pan se mantendrá invariable en Bs 0,80, adelantando que será en diciembre cuando ambas partes vuelvan a evaluar de manera conjunta la evolución de los costos de producción. Este periodo de tregua busca calmar los ánimos en los mercados locales y dar previsibilidad tanto al consumidor como al productor artesanal.
Con estas acciones, el acuerdo integral busca garantizar el abastecimiento continuo del producto al precio oficial establecido y facilitar el acceso de los panificadores a la materia prima subvencionada para reducir de manera real sus costos operativos. Las autoridades reiteraron que no se tolerarán sanciones abusivas ni el desvío de los insumos facilitados por el Estado hacia canales de reventa especulativa.
