FEMMedia / Brisa Mariaca Velasco
En medio del informe nacional que revela la atención de 20.585 casos por parte del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP) entre el 1 de enero y el 16 de octubre de 2026, el departamento de Cochabamba se posiciona firmemente en el eje central del país al registrar 2.320 denuncias. Ante este flujo masivo de demandas ciudadanas, la Delegación Defensorial de Cochabamba ha demostrado un sólido rendimiento operativo, logrando alcanzar un porcentaje de atención y resolución superior al 70% en los casos de denuncias y reclamos presentados contra distintas instituciones de la administración pública.
Durante entrevista con Femmedia al Aire, la Delegada Defensorial de Cochabamba, Marioly Álvarez, detalló que este nivel de efectividad responde a un riguroso trabajo interno sujeto de manera permanente a las auditorías de la norma ISO 9001:2015. Este proceso de evaluación y mejora continua permite estandarizar los protocolos institucionales para valorar con precisión cada contexto, definiendo de forma oportuna si la intervención amerita una queja formal, una gestión defensorial o una orientación especializada frente a los abusos estatales.
La autoridad defensorial enfatizó que el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos en las oficinas cochabambinas se mantiene bajo un modelo totalmente gratuito y desburocratizado, diseñado para eliminar las barreras económicas y formales que obstaculizan a la población. En esa línea, recordó que las personas no requieren la presentación de complicados memoriales jurídicos ni la asistencia obligatoria de un abogado particular, pudiendo apersonarse de forma directa para recibir una valoración verbal de sus reclamos.
Para facilitar este acercamiento con la ciudadanía, la Delegación atiende de forma continua en su oficina ubicada en la calle 16 de Julio, zona de la Plazuela Constitución, de lunes a viernes de 08:30 a 16:30, además de mantener habilitadas la línea de WhatsApp 71726434 y la línea gratuita nacional 800 10 8004. Con estos mecanismos, la Defensoría del Pueblo reafirma su rol fiscalizador frente a los actos u omisiones de servidores públicos, canalizando soluciones efectivas y garantizando la protección de los derechos fundamentales en la región.
