Redacción Central
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia atraviesa un momento de alta tensión institucional tras confirmarse la suspensión de visados de ingreso a Estados Unidos para altas autoridades del Órgano Judicial en el departamento de Santa Cruz. La medida diplomática salpica directamente a la cúpula judicial cruceña y reaviva los cuestionamientos sobre la transparencia e idoneidad en la administración de la justicia boliviana.
El pronunciamiento oficial fue emitido a través de un mensaje público por Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien confirmó haber tomado conocimiento de la restricción visaria aplicada por la administración estadounidense. En la lista de afectados figuran el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y el vocal ordinario Julio Nelson Alba Flores, una situación que deja al descubierto la pérdida de confianza internacional en los operadores de justicia locales.
Ante el impacto de la sanción diplomática, la máxima autoridad del TSJ instó abiertamente a las autoridades observadas a dar un paso al costado para no comprometer la imagen de la institución. «Entendemos que el Gobierno de los Estados Unidos dicta esta medida porque los ciudadanos mencionados ya no gozan de la credibilidad necesaria para administrar el Órgano Judicial departamental. Por este motivo, recomendamos a los mencionados vocales presentar su renuncia y someterse a la investigación pertinente, sin gozar de ningún privilegio por su condición de servidores judiciales», señaló Saucedo de forma contundente en sus redes sociales.
La postura de la Presidencia del TSJ no se limitó al pedido de dimisión, sino que exhortó a una reestructuración inmediata dentro del estamento judicial de la región. De igual manera, se demandó a los miembros de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz «que considere tratar, en las próximas horas, la conducción de dicho cuerpo colegiado, instando a sus integrantes a cumplir sus labores con ética y transparencia», remarca la nota oficial emitida por la autoridad superior.
Este llamado a la renuncia e investigación sin prerrogativas coloca a la Sala Plena de Santa Cruz bajo la lupa pública y obliga a sus autoridades a definir el rumbo institucional en el corto plazo. Con este pronunciamiento, el titular del TSJ busca marcar una línea de separación frente a los cuestionamientos externos y exige a los operadores de justicia actuar bajo los principios de probidad y rendición de cuentas que demanda la sociedad.
