FEM Media/ Pamela Apaza Ajhuacho
“Me han amarrado las manos y los pies, y por el dolor me he desmayado”. Parece parte del relato de un secuestro, pero en realidad es el testimonio de Tania (nombre ficticio) sobre lo que vivió cuando dio a luz hace siete años en el municipio de Sacaba, Cochabamba. Hoy tiene 26 años; es de tez morena, usa pollera, se dedica al hogar y su esposo trabaja como albañil.
Aunque en ese entonces tenía solo 19 años, recuerda con nitidez el maltrato sufrido en el Hospital México de ese municipio: “Me reñían y me decían: ‘¿Quién te ha dicho que te embaraces? ¿Acaso nosotros te hemos embarazado? Tienes que aguantar’”.
Tras esa traumática experiencia, Tania decidió no regresar jamás al hospital. Por ello, a sus tres siguientes hijos los tuvo en su casa, en el campo, con la ayuda de un partero amigo de su madre. “Me han preparado matecitos, casi no he sufrido y he tenido normal”, asegura con voz firme y aliviada. Sin embargo, al ser consultada sobre si después llevó a sus bebés a recibir las vacunas neonatales correspondientes, su respuesta es tajante: no.
Con su último hijo, que ahora tiene ocho meses, se vio obligado a regresar al centro hospitalario casi en contra de su voluntad: «Lo mismo me han hecho, pero no me he dejado amarrar. Solo de mi pancita me han agarrado, ¡ay! y con fuerza me han empujado. Por eso, nunca más. No quiero ir más al hospital, no quiero saber más; es feo».
El empujón sobre el vientre denunciado por Tania es una maniobra conocida clínicamente como la Maniobra de Kristeller, una práctica desaconsejada y considerada de alto riesgo para la madre debido al uso desmedido e intencional de fuerza física.
La experiencia de Martha (nombre ficticio) es aún más desgarradora. A sus 27 años, es madre de dos hijos, vive en una comunidad de Sacaba, viste pollera y es de escasos recursos económicos. Cuenta que asistía con regularidad a sus controles prenatales y cobró el pago de 50 bolivianos del Bono Juana Azurduy por cada uno. Sin embargo, cuando comenzaron los trabajos de parto y acudió al Hospital México, empezó el calvario: “Ahí me han amarrado los pies, las manos y me han cortado de abajo”.
El procedimiento que le practicaron es la episiotomía, una incisión quirúrgica en el perineo (la zona entre la vagina y el ano) diseñada para ampliar el canal de parto. No obstante, en el caso de Martha, nunca le explicaron por qué se la realizó. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las guías de práctica clínica vigentes desaconsejan su uso rutinario, restringiéndola únicamente a emergencias específicas, tales como sufrimiento fetal agudo, riesgo inminente de desgarro severo no controlado o distocia de hombros/macrosomía fetal.
«Ya no vas a tener nunca más bebés. Si vas a tener otro, ya no te vamos a atender aquí», fue la amenaza que le lanzaron y que quedó grabada en su memoria, aunque no pueda recordar los rostros del personal médico que la atendió y que marcó su vida.
“Grave me ha dado miedo, por ese motivo con el menor ya no he ido al hospital, ya no quería sufrir”. Martha relata que en su último embarazo no acudió ni siquiera a los chequeos prenatales y dio a luz directamente en su hogar: “Cuando estaba en el auto, justo ahí se ha salido mi hijo”, señala con normalidad. Sobre la expulsión de la placenta, asegura que ocurrió aplicando presión directa sobre su abdomen: “Después de una semana fui al médico en Palca; ahí me pusieron una inyección, pero no me hizo nada”.
Una de las formas de violencia más invisibilizadas
Desde los insultos y las amenazas verbales hasta la omisión de información y la falta de consentimiento informado para realizar procedimientos médicos, el abanico de abusos constituye la denominada violencia obstétrica, una de las manifestaciones de violencia de género más invisibilizadas y naturalizadas en la sociedad.
Un estudio nacional desarrollado por la organización Ciudadanía y el Observatorio de Violencia Obstétrica Bolivia (OVO Bolivia) entre 2023 y 2024, y presentado en 2025, revela datos alarmantes: 6 de cada 10 mujeres bolivianas que han estado embarazadas han sufrido una o más formas de violencia obstétrica al menos una vez en su vida. Además, dos de cada diez eran menores de edad cuando enfrentaron su primer embarazo y atravesaron esta situación de vulneración.
Estas vivencias de maltrato, reproche o juicio por parte de los profesionales de la salud erigen una barrera infranqueable entre las gestantes y el sistema de salud pública. Muchos optan por dar a luz en sus domicilios o renunciar por completo a sus controles médicos, sacrificando incluso incentivos estatales como el Bono Juana Azurduy, el cual otorga 50 bolivianos por cada uno de los cuatro controles prenatales y 120 bolivianos por el parto institucional junto con el control posnatal (un total de 320 bolivianos).
El informe detalla además la tipología de las agresiones sufridas: Violencia física se refleja en un 55,4%; la violencia psicológica se reporta en un 17,7%; y la violencia sexual tiene un 3,5%.
Vivian Schwarz Blum, coordinadora de la investigación en Ciudadanía, resalta que los datos reflejan que las mujeres más jóvenes, las adolescentes y las primerizas sufren de forma desproporcionada los índices más altos de agresiones. Asimismo, añade: “Las mujeres que han ido a un hospital público a un centro de salud reportan una tasa un poco más alta (de violencia) que, en las clínicas privadas, pero realmente la diferencia no es mucha”.
El estudio también concluye que, en la mayoría de los casos reportados, los médicos y las enfermeras son los principales ejecutores de actos violentos contra las mujeres en trabajo de parto.
Al respecto, Verónica Sánchez, cofundadora del Observatorio de Violencia Obstétrica Bolivia (OVO Bolivia), reitera que la violencia psicológica engloba todo tipo de descalificaciones, amenazas y comentarios hirientes, cuentos como: “Cállese, señora, deje de gritar”, “Va a matar a su bebé” o “Si no te comportas como nosotros queremos, tu bebé se va a morir”.
Sánchez explica que también se ejerce violencia sexual cuando la mujer siente que agreden su intimidada mediante tactos vaginales reiterados e innecesarios, haciéndola sentir manoseada: «También existe la violencia institucional, que abarca todos los protocolos y prácticas desactualizadas que el médico personal utiliza sobre nosotras. Son un montón de procedimientos en los que los médicos no se actualizan y los ejecutan solo por rutina, como la episiotomía o los tactos repetidos. Es decir, el sistema médico de por sí es violento porque no prevalecen las decisiones de la mujer”.
Parteras: una luz de acompañamiento para las gestantes
La violencia obstétrica orilla a cientos de mujeres a no regresar a los centros médicos y hospitales —como en las historias de Martha y Tania— y a depositar su confianza en la medicina tradicional y las parteras o parteros. Sin embargo, la cobertura institucional es limitada: desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba informó que solo existen tres partes con certificación oficial en el departamento.
Ana Rosa Quetaguari, técnica de la Unidad de Medicina Tradicional del Sedes, explicó que se lleva a cabo un registro de todos los médicos y médicas naturistas (entre ellos los parteros) con el objetivo de capacitarlos y lograr que trabajen acompañados por médico personal al atender un parto, previniendo así complicaciones de salud.
“A los médicos tradicionales se les otorga una matrícula desde el Ministerio de Salud después de que cumplen una serie de requisitos; pero en el departamento de Cochabamba solo tenemos tres médicos parteros matriculados: dos en el trópico y uno en el Valle Alto, quienes coordinan el trabajo con el personal de salud en las distintas comunidades y municipios”, detalló Quetaguari.
Agregó que en muchas ocasiones las mujeres prefieren una partera o un partero debido al maltrato que recibieron por parte del personal médico en los hospitales. «Nuestras parteras son un poco más cariñosas y eso es lo que nosotros como Unidad de Medina Tradicional tratamos de inculcarles y de hacerles entender».
Vacíos en la atención y la falta de protocolos de no maltrato
Tania y Martha fueron atendidas en el Hospital México de Sacaba; Sin embargo, FEM Media no pudo acceder a la contraparte ni del personal de esa institución ni de los centros de salud circundantes debido a la burocracia y solicitud de cartas para hablar con los responsables.
Pese a ello, la ginecóloga Glendi Suárez, del Maternológico Germán Urquidi, reconoce la existencia de factores críticos que expulsan a los pacientes de los hospitales y las empujan a dar a luz en sus hogares por el temor infundido por los maltratos sufridos.
«Se han implementado varias estrategias que buscan el parto humanizado; es decir, que la mujer tenga las condiciones o pueda proponer qué la haría sentir bien. Es lo que se denomina también ‘parto amigable’, una estrategia que desde hace varios años el Ministerio ha intentado establecer para que las mujeres se sientan mejor, y eso podría que estar normado en cada centro hospitalario», sostuvo Suárez.
El especialista añade que lo que se busca es brindar condiciones idóneas a los pacientes en cuanto a la posición elegida para parir, la alimentación e hidratación, o la presencia de un familiar de confianza antes, durante y después del nacimiento: “Pero en algunos hospitales, como los de tercer nivel, por la elevada afluencia de pacientes, no tenemos el espacio físico para realizar esa atención personalizada y no lo permitimos”. A la infraestructura deficiente se suma la falta crónica de salud personal para brindar una atención oportuna, digna y humanizada.
Propuesta normativa: Hacia una Ley de Parto Respetado e Intercultural
Con el objetivo de frenar esta sistemática vulneración de derechos, el Observatorio de Violencia Obstétrica y Ciudadanía impulsan la aprobación del proyecto de Ley de Parto Respetado e Intercultural. Esta propuesta legislativa pretende transformar las bases estructurales del sistema sanitario boliviano mediante tres pilares fundamentales:
Reconceptualización del proceso de parto: Desmedicalizar el alumbramiento, reconociendo que la mujer embarazada no es una paciente enferma, sino una persona sana que atraviesa un proceso biológico natural y que merece plena soberanía y poder de decisión sobre su cuerpo.
Integración legal de Partes Tradicionales: Capacitar, certificar e integrar formalmente a las partes tradicionales a la red del Sistema Único de Salud (SUS), garantizando que las mujeres elijan libremente la modalidad de su atención sin correr el riesgo de perder transferencias condicionales o bonos sociales.
Reforma Educativa Sanitaria: Modificar con carácter de urgencia las mallas curriculares en las facultades de Medicina y Enfermería para erradicar la violencia institucional de raíz y formar profesionales guiados por la empatía, el consentimiento informado y el respeto irrestricto a los derechos de las madres y de los recién nacidos.
Verónica Sánchez, del OVO Bolivia, enfatiza que mediante esta norma se busca devolver la autonomía a las mujeres: “Queremos que la mujer pueda tomar sus decisiones, que se le informe adecuadamente y que pueda decidir sin miedo, erradicando el abuso de poder en la consulta médica”.
El proyecto de Ley será presentado formalmente en el mes de noviembre ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se busca garantizar a las mujeres una maternidad con dignidad, consentimiento informado, autonomía y el derecho a estar acompañadas por personas de su confianza, rescatando además las prácticas interculturales del parto y resguardando los derechos fundamentales del recién nacido.
Detrás de cada control abandonado y de cada mujer que decide dar a luz en la soledad de su hogar, existe una historia marcada por el miedo, el silencio y la violencia. Devolver la dignidad a la maternidad no es únicamente una reestructuración de protocolos médicos; es un imperativo ético, social y legal para que dar a luz en Bolivia deje de ser un acto de vulneración y vuelva a ser un proceso protegido, soberano y humanizado.
