Redacción Central
El diputado cruceño Rafael Darío López Mercado se pronunció públicamente para rechazar la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocarle el visado e incluirlo en una nómina de sancionados por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico. A través de una declaración difundida en sus redes sociales, el legislador aclaró que se encuentra evaluando el alcance de la medida adoptada por el gobierno norteamericano y reafirmó que asumirá la defensa formal de su honorabilidad.
«He tomado conocimiento de la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos y la estoy analizando con responsabilidad. Como autoridad pública, siempre he actuado de frente y estoy dispuesto a aclarar cualquier situación por las vías correspondientes», afirmó López. Con estas palabras, el parlamentario enfatizó que mantendrá una postura institucional y apelará a los canales formales y al derecho constitucional que le asiste para encarar el proceso legal y político.
En su comunicado oficial, López garantizó que continuará desempeñando sus funciones parlamentarias sin dar un paso al costado. «Defenderé mi honor, mi trayectoria y mi presunción de inocencia, sin renunciar a mi compromiso con Santa Cruz y con Bolivia», ratificó la autoridad, asegurando que su labor en la Cámara de Diputados seguirá desarrollándose con normalidad en representación del departamento cruceño.
Asimismo, el legislador prefirió mantener la cautela y evitar cualquier juicio de valor apresurado respecto a los señalamientos en su contra mientras no exista un informe oficializado. «Por respeto a los procedimientos, no especularé sobre los motivos de esta determinación hasta contar con información oficial completa», puntualizó el parlamentario, optando por la prudencia institucional ante los micrófonos y la opinión pública.
El pronunciamiento de López se enmarca en la reciente actualización de las listas sancionatorias del Departamento de Estado de EE. UU., medida que restringe el ingreso a su territorio a cerca de 40 ciudadanos bolivianos. Entre los afectados figuran exautoridades del Órgano Judicial, como el exfiscal general Juan Lanchipa, además de jefes policiales y miembros del Poder Legislativo.
