El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, hizo oficial la presentación de su renuncia al cargo y anunció que la Sala Plena elegida por unanimidad al magistrado Carlos Ortega como su sucesor.
En el mismo acto, la decana de la institución, Rosmery Ruiz Martínez, puso formalmente su cargo a disposición.
Una transición planificada antes de la vacación judicial
Saucedo confirmó la decisión este jueves, dando cumplimiento a lo que ya había anticipado el pasado 8 de octubre, cuando adelantó su intención de dejar la titularidad del TSJ a mediados de noviembre.
El proceso de traspaso de mando se llevará a cabo durante todo el mes de noviembre con el fin de evitar interrupciones institucionales antes del receso anual de fin de año:
«En diciembre, como es de conocimiento público, entramos en las vacaciones judiciales. Por ello, nos queda prácticamente todo el mes de noviembre para llevar a cabo una transición responsable y coherente con el trabajo que hemos desarrollado”, afirmó el magistrado saliente.
Balance de gestión y retorno a salas especializadas
Romer Saucedo, magistrado electo en representación del departamento de Santa Cruz, asumió la presidencia del TSJ el 6 de enero de 2025. Ya en julio de este año había visibilizado la necesidad de una renovación en la conducción del tribunal, señalando la importancia de resguardar la institucionalidad y la unidad entre magistrados.
Tras dejar la alta magistratura, Saucedo y su equipo de trabajo se tomarán un período de descanso programado para posteriormente reincorporarse de lleno a sus trabajos jurisdiccionales en las salas especializadas del máximo tribunal del país.
Garantía de continuidad e institucionalidad
A pesar de la elección anticipada, el presidente electo Carlos Ortega aclaró que la actual directiva —encabezada por Saucedo en la presidencia y Ruiz en la decanatura— continuará en el ejercicio pleno de sus funciones administrativas y jurisdiccionales hasta el próximo 4 de enero de 2027, fecha en la que se celebrará la posesión oficial de las nuevas autoridades.
Ortega enfatizó que la ratificación anticipada de la nueva directiva responde a un compromiso de transparencia y responsabilidad institucional:
“Este proceso preventivo y ordenado busca fortalecer la administración de justicia, garantizar el normal desarrollo del trabajo en el fuero ordinario y resguardar la protección efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía boliviana”, concluyó Ortega.
