Redacción Central
El Gobierno presentó una querella penal contra 19 personas —entre ellas cuatro exministros de Defensa— por presuntas irregularidades en la compra de un sistema de 13 radares que produjo un daño económico al Estado estimado en Bs 1.478 millones, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
La denuncia penal alcanza a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zabaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo Aguilar, además de otros 15 involucrados. La acción se sustenta en una auditoría interna que detectó varias fallas en el funcionamiento de los equipos, alteraciones de condiciones contractuales e incumplimiento de plazos.
Retrasos sistemáticos y solo 2 de 13 radares 100% operativos
El proyecto, adjudicado en 2016 bajo la modalidad «llave en mano» por un valor superior a los 191 millones de euros, contemplaba la entrega de un sistema integral de radares civiles y militares, centros de control, infraestructura y capacitación.
Sin embargo, a través de siete contratos modificatorios firmados a lo largo de cuatro gestiones ministeriales, la ejecución sufrió graves distorsiones:
Plazos alterados: El tiempo de entrega se disparó de 31 a 82 meses, mientras que la demostración final recién se concretó a los 98 meses.
Fallas técnicas: De los 13 radares, solo 2 funcionaban sin observaciones, 9 presentaban problemas operativos y 2 estaban completamente fuera de servicio.
«No se compraron radares aislados; se contrató un sistema completo y funcional. La auditoría identificó observaciones en las modificaciones, las garantías, la recepción y el resultado operativo. Debe ser uno de los contratos más grandes, o el más grande, que ha realizado el Estado”, enfatizó Justiniano.
