Redacción Central
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5749, que establece un procedimiento para recibir y canalizar denuncias administrativas por presuntas extorsiones, cobros ilegales de dinero y exigencia de dádivas en instituciones vinculadas a la administración de justicia.
La norma alcanza a servidores públicos y exfuncionarios del Ministerio Público, el Órgano Judicial, Derechos Reales, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana. Las denuncias serán recibidas por el Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
El decreto también contempla la posibilidad de reservar la identidad de los denunciantes para proteger su seguridad. Las denuncias podrán presentarse por escrito en la oficina central o en los enlaces departamentales de esa instancia.
