Agencias / Heidy Almaraz
El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ordenó la suspensión temporal de operaciones de 24 empresas de capital chino instaladas en ese país, tras constatar que las condiciones en las que operaban constituían un «peligro inminente» para la seguridad, salud e integridad física de las y los trabajadores. La medida administrativa fue informada de manera oficial por las autoridades de esa cartera gubernamental de Estado.
Las intervenciones se ejecutaron en el marco de un plan de fiscalización intensivo aplicado durante los últimos ocho días, período en el cual los inspectores del trabajo abordaron un total de 101 establecimientos pertenecientes a ciudadanos chinos. Según confirmó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, a través de sus canales oficiales, el operativo abarcó puntos estratégicos en las provincias de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Higüey y el Distrito Nacional, aunque no especificó cuáles son los rubros económicos exactos de las unidades económicas intervenidas.
Entre las irregularidades detectadas por el cuerpo de inspección figuran vulneraciones sistemáticas a la normativa sobre descanso semanal obligatorio, omisión en el pago de horas extraordinarias y bonificaciones, además del incumplimiento generalizado de las normas técnicas de seguridad y salud ocupacional. Asimismo, el informe del Ministerio evidenció que 33 de las empresas fiscalizadas no respetaban la cuota legal que exige que al menos el 80 % del personal en plantilla sea de nacionalidad dominicana.
Uno de los datos más críticos que genera mayor alerta institucional corresponde a las prácticas contractuales abusivas. Olivares precisó que uno de los hallazgos que causa «mayor preocupación» es que 91 de las empresas inspeccionadas desvinculaban a trabajadores antes de cumplir tres meses de labores, con lo que impedían que acumularan derechos relacionados con vacaciones y prestaciones laborales. En ese mismo marco, se identificó que 53 empresas no otorgaban el descanso semanal a sus empleados y que 37 no pagaban las horas extraordinarias, entre otras irregularidades.
Las órdenes de paralización dictadas por la autoridad laboral buscan forzar la adecuación inmediata de los establecimientos a los parámetros legales de trabajo digno e higiene industrial en el país caribeño. Las autoridades del Ministerio de Trabajo adelantaron que mantendrán los controles de supervisión para asegurar el estricto cumplimiento del Código de Trabajo y la restitución integral de las garantías laborales de los operarios afectados.
