Redacción Central
El diputado de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, admitió públicamente que existía el diálogo con Fernando Cerimedo, aunque aseguró que la grabación difundida en redes sociales fue editada y utilizada con una clara intencionalidad política.
Según explicó el legislador, el contacto se produjo durante los 53 días de bloqueo social, momento en el que Cerimedo le consultó sobre la coyuntura en La Paz, el clima de tensión y el malestar ciudadano.
«La conversación ha existido. Sin embargo, la grabación no corresponde en su integridad, no está íntegra. Ha habido un montaje que le ha dado intencionalidad política», aseguró Reyes.
El parlamentario sostuvo que el material filtrado no refleja la totalidad del contexto de la llamada y argumentó que varios análisis independientes respaldan sus afirmaciones: “Incluso algunas verificadoras y medios de comunicación creíbles han dicho que esto está manipulado, podría estar editado y ciertamente tiene una intencionalidad política”, manifestó.
Trabajo parlamentario y rechazo a la expulsión
Reyes defendió su gestión durante la crisis social y argumentó que mantuvo comunicación con diversas autoridades para transmitir las demandas de la población y buscar soluciones al conflicto, remarcando que no requiere pedir autorización previa para sostener este tipo de intercambios.
Asimismo, rechazará categóricamente las acusaciones de transfugio y traición a la Alianza Unidad. Al respecto, recordó que la organización mantenía una relación de cogobierno con Rodrigo Paz hasta el pasado 27 de julio, fecha en que se anunció la ruptura formal.
Respecto a su presunta expulsión del partido, el diputado cuestionó la validez del proceso al señalar que no fue notificado formalmente ni se le garantizó el derecho a la defensa. Por ello, ratificó que continuará considerándose miembro de Unidad mientras no reciba una notificación oficial.
Denuncia de represalias y solicitud de garantías
Reyes atribuyó la difusión del audio a una operación de represalia política dirigida contra legisladores que impulsan reformas en la Asamblea, citando como antecedentes la remoción de Roger Mariaca y la elección del nuevo fiscal, aunque no apuntó directamente a responsables concretos.
Por otro lado, denunció haber sido víctima de amedrentamiento en plataformas digitales y adelantó que acudirá ante el Gobierno y el Ministerio de Gobierno para solicitar garantías para su integridad física y la de su familia.
Finalmente, el diputado justificó sus actuaciones durante las jornadas de protesta y ratificó su postura favorable al estado de excepción como mecanismo para prevenir la violencia:
“Lo haría una y mil veces, porque eso requería la paz, eso requería el país”, concluyó.
