FEM Media / Heidy Almaraz
La indignación acumulada en la comunidad de San Josecito, provincia O’Connor, en el departamento de Tarija, derivó en vivas jornadas de protesta y tensión ciudadana ante las dependencias judiciales de Entre Ríos. El malestar estalló tras el reporte y destape de un caso de abigeato agravado iniciado el pasado 8 de agosto de 2026, cuando un comunario identificó ganado robado con marcas adulteradas en la propiedad de un particular. La movilización ciudadana posterior permitió recuperar 22 cabezas de ganado entre vacunos, asnos y animales de carga, desencadenando la aprehensión del sospechoso principal y una firme exigencia social para evitar que el delito quede impune.
Los ánimos se caldearon en las inmediaciones del juzgado ante la difusión de versiones sobre una presunta suspensión de audiencia o posible liberación del aprehendido. Durante las manifestaciones, grupos de comunarios increparon a las fuerzas policiales que intentaban trasladar al imputado y retiraron del edificio judicial al juez de la causa, Cristian Arancibia Quispe, con la intención de vestirlo con prendas femeninas en señal de reprobación comunitaria. Tras momentos de alta rispidez, se restableció el diálogo y la autoridad judicial explicó el procedimiento a seguir mediante la modalidad de audiencia mixta.
Concluido el actuado procesal, la defensa legal de los afectados confirmó que el caso avanza dentro de los plazos normativos vigentes para esta clase de Ilícitos. El Dr. Filemón Segovia, abogado defensor de los damnificados por abigeato en San Josecito, informó sobre las resoluciones alcanzadas: “Estamos saliendo de una audiencia que estaba programada para el control de plazos de la detención preventiva en el caso de abigeato en San Josecito y el día viernes el Ministerio Público ha presentado la acusación formal; en ese sentido lo que correspondía era que después se remita los antecedentes al tribunal de sentencia para que continúe el trámite procesal. En este momento el juez ha resuelto remitir al tribunal de sentencia manteniendo la detención preventiva”.
Asimismo, el jurista destacó el impacto de la vigilia campesina y el control social ejercido durante las distintas etapas del proceso penal. “Se generó bastante movimiento, momentos tensos y masiva participación de parte de los comunarios de San Josecito pensando que sería liberado, pero ahora han subido más tranquilos porque se tiene la detención preventiva y estamos a puertas del juicio oral dada la acusación para que presentemos nuestra acusación particular y también para que presenten su prueba de descargo para que se pueda tomar cuál va a ser la sanción a la que se va a llegar. Empezó el 8 de agosto, en tema de plazos está bien”, detalló Segovia.
La resolución judicial de ratificar la medida cautelar privativa de libertad y remitir la acusación formal hacia la fase de juicio oral trajo calma a las familias damnificadas, quienes mantienen el estado de alerta generalizada. El sector ganadero y los comunarios de O’Connor manifestaron que continuarán realizando el seguimiento al proceso en los tribunales correspondientes, demandando celeridad y la máxima sanción legal prevista en las recientes reformas a la legislación boliviana contra el abigeato.
